ESTADOS UNIDOS (Pulso) — Un juez federal de Houston, en Texas, ordenó al gobierno de Estados Unidos tomar medidas para traer de regreso a Marcela Linda Arias. La mujer fue deportada a Nicaragua por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, a finales de junio.
La decisión llegó después de que su defensa alegara que la expulsión ocurrió mientras había un procedimiento migratorio pendiente. Arias había vivido casi 15 años en Houston. También buscaba reabrir su expediente ante el tribunal de inmigración por su condición de sobreviviente de violencia doméstica.
Según su abogado, Javier Rivera, la solicitud debía detener automáticamente la ejecución de la orden de deportación. La corte de inmigración aprobó esa petición un día después de que Arias fuera enviada a Nicaragua. Así, su proceso quedó nuevamente abierto y pendiente de resolución.
El juez de distrito David Hittner concedió una orden de restricción temporal. También ordenó el regreso a Estados Unidos. Consideró que Arias podría sufrir un perjuicio que no podría repararse después. El magistrado también tomó en cuenta que su próxima audiencia migratoria está programada para el 15 de septiembre.
La resolución pidió además que el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, informe al tribunal sobre las acciones para concretar el regreso. El gobierno federal debía reportar esas gestiones antes de la audiencia.
El abogado del Departamento de Justicia, Nicholas Sabin, sostuvo que la expulsión se realizó conforme a la ley. Rivera, en cambio, dijo que el DHS no respondió dentro del plazo de 10 días. También afirmó que no apeló esa moción.
Este caso expone el costo de un aparato estatal que actúa antes de cerrar sus propios procesos. Cuando la burocracia migratoria se adelanta al expediente, el daño puede ser irreparable. Y entonces el peso cae sobre el contribuyente, sobre los tribunales y sobre la confianza en el estado de derecho.
La discusión de fondo no es solo migratoria. Es institucional. Si existe una protección vigente o un trámite abierto, la autoridad debe respetarlo. Sin ese límite, la discrecionalidad del Estado termina por imponerse sobre la ley.