CUBA (Pulso) — Bruno Rodríguez acusó este lunes a EE.UU. de interrumpir el comercio exterior de la isla. Lo hizo con «amenazas, presiones y chantajes», según dijo en redes sociales.
El canciller cubano afirmó que hay 7.000 contenedores detenidos en varios puertos del mundo. Agregó que las cargas fueron contratadas y pagadas. Dijo que la mayoría contiene alimentos, medicinas y dispositivos médicos.
Rodríguez sostuvo que el objetivo es impedir su llegada a Cuba. Afirmó que Washington busca arreciar el castigo colectivo contra el pueblo cubano.
Oscar Pérez-Oliva Fraga también denunció en julio pasado que sanciones estadounidenses mantenían retenidos esos contenedores. Según su versión, además de alimentos y medicamentos, incluyen recursos para los sectores energético e hidráulico.
Las navieras Hapag-Lloyd y CMA CGM anunciaron desde mayo que dejaron de aceptar nuevos pedidos vinculados a Cuba. Alegaron cumplimiento del bloqueo estadounidense. Pérez-Oliva dijo a inicios de este mes que CMA CGM reanudó parcialmente sus servicios, solo para alimentos, medicamentos e insumos médicos.
Rodríguez también denunció en la cumbre de los BRICS el recrudecimiento del bloqueo económico, el cerco energético y sanciones secundarias impuestas por EE.UU. Agradeció además la aprobación de una declaración sobre la situación en Cuba.
La disputa vuelve a mostrar el costo real de la coerción económica. Cuando el Estado endurece el bloqueo, la factura no la paga la burocracia. La pagan los ciudadanos comunes, con menos acceso a bienes básicos y más dependencia del aparato estatal.
En cualquier economía, trabar comercio significa trabar oferta. Y cuando la oferta se corta, el daño cae sobre la libertad de elegir, la inversión y la vida diaria. Ese es el punto que esta crisis vuelve a poner en primer plano.