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Kast rompe con actos oficiales por el golpe y enciende la tensión en Chile

Por primera vez desde 1990, el gobierno no organizó ceremonias por el 11 de septiembre de 1973. La decisión abrió protestas, homenajes y críticas por el costo político de borrar la memoria institucional.
lunes 14 de septiembre de 2026 · 14:48 UTC

Por primera vez desde el retorno de la democracia en 1990, Chile no tuvo actos oficiales por el derrocamiento de Salvador Allende.

El presidente José Antonio Kast defendió la decisión desde la región de Los Ríos. Dijo que no puede borrar la historia. También afirmó que no quiere condenar a los compatriotas a vivir atados al pasado.

Kast agregó que el mejor homenaje para la patria es atender las urgencias. Lo dijo tras reunirse con personas afectadas por emergencias climáticas en regiones del sur.

La medida fue cuestionada por la oposición. Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, recordó que La Moneda fue bombardeada por fuerzas sediciosas y fascistas. También reprochó a Kast que actúe como activista de derecha.

Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana de Santiago, calificó la decisión como una mala señal. Sostuvo que para cualquier demócrata un golpe de Estado es una desgracia. También habló de la estela de violaciones a los derechos humanos.

En paralelo, más de un centenar de personas rindieron homenaje ante la tumba de Allende. Entre ellas estuvo el expresidente Gabriel Boric y dirigentes opositores.

Isabel Allende también criticó la decisión. Dijo que la memoria dignifica a las víctimas y evita repetir la violencia como herramienta política.

En Santiago, cientos participaron en una movilización con pancartas de «Muerte al fascismo». La marcha terminó con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, que usaron cañones de agua para dispersar a los participantes.

En la noche hubo vigilias en algunas zonas de la ciudad. Allí se recordaron retratos de asesinados y desaparecidos tras el golpe.

La escena deja una señal clara. Cuando el Estado renuncia a marcar sus propias fechas, el vacío lo ocupan la calle y la disputa política.

Para el lector, el punto no es solo simbólico. También importa quién define la memoria pública y con qué legitimidad. En un país marcado por violaciones a los derechos humanos, la institucionalidad no puede convertirse en un campo de omisión selectiva. El orden democrático exige recordar, pero también gobernar sin convertir cada fecha en una guerra política.

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