Confirmado. La administración Trump facilitará a Venezuela importación de alimentos e insumos agrícolas y otorgará financiamiento a importadores.
Julio Castellanos sostiene que la medida opera a través del programa GSM-102. Con ese mecanismo, importadores venezolanos podrán comprar productos agrícolas estadounidenses.
El autor dice que el beneficio directo recae en el exportador norteamericano. También afirma que una parte del riesgo financiero queda cubierta por Washington.
Castellanos agrega que los importadores venezolanos obtienen una vía adicional para acceder a financiación internacional. Pero excluye de esa fórmula al agricultor venezolano.
El texto señala que Venezuela vive una crisis humanitaria compleja y un riesgo alimentario amplio. Atribuye esa situación a dos décadas de expropiación de tierras y empresas, controles económicos asfixiantes y autoridades corruptas.
Desde el PSUV, según el autor, se argumenta que estas medidas amplían las relaciones comerciales. Castellanos replica que esa competencia no es pareja.
La lectura de fondo es clara. Cuando el aparato estatal sustituye la producción interna por dependencia externa, el campo pierde capacidad de competir.
La prioridad debería ser la libre empresa local. Sin crédito, sin acceso real a insumos y con trabas internas, el productor nacional queda rezagado.
Si la ayuda termina fortaleciendo al proveedor extranjero, el costo político y económico queda dentro del país. Y ese costo lo pagan los productores y, al final, los contribuyentes y consumidores.
