CUBA (Pulso) — Liexer De La Cruz volvió a Cuba después de cinco años de intentos por regularizar su situación en Estados Unidos.
Renunció el 9 de enero ante un tribunal federal de Miami. Con eso terminó la vía que lo mantenía en territorio estadounidense bajo amenaza de deportación.
El caso lo devolvió a una isla marcada por apagones, escasez de agua, falta de combustible y alimentos cada vez más caros. En ese contexto, volvió a trabajar como taxista en Las Minas, donde vive en la casa que pertenecía a su madre.
De La Cruz llegó a Estados Unidos desde Texas en agosto de 2021, tras cruzar casi una docena de países. En el sur de Florida, su esposa trabajó como cocinera y él obtuvo una certificación como electricista. También viajó por trabajo a Kentucky y Nebraska.
La pareja quería reunir en Estados Unidos a sus dos hijas y a la hija adolescente de su esposa. Pero a De La Cruz le dieron 120 días para abandonar Estados Unidos.
Su salida coincide con la situación incierta de más de medio millón de cubanos que ingresaron con el formulario I-220A. ReliefWeb, plataforma de información humanitaria de la ONU, señala que los tribunales definen si pueden acogerse a la Ley de Ajuste Cubano.
Esa norma ha ofrecido históricamente una vía preferencial hacia la residencia permanente y la ciudadanía estadounidense. Para muchos cubanos, el caso deja en evidencia una política migratoria que premia la incertidumbre y castiga el esfuerzo individual.
También muestra el costo humano de un aparato estatal que deja a familias enteras en suspenso durante años. Cuando la norma no da certezas, la libertad de trabajar, ahorrar y reunirse con la familia queda al arbitrio de la burocracia.
En Cuba, el regreso no significó alivio. Los apagones diarios y la escasez siguen marcando la vida cotidiana. El mercado, el trabajo y la movilidad dependen todavía de una infraestructura quebrada y de una economía asfixiada por la falta de energía y combustible.
