ARGENTINA (Pulso) — El presidente Javier Milei rechazó que la reactivación del reclamo por Malvinas responda a una estrategia electoral. Dijo que esa interpretación es «una estupidez mayúscula».
En una entrevista telefónica con Neura, Milei afirmó que el tema se viene gestando hace tres años. También sostuvo que hubo un «disparador externo».
Ese disparador, según explicó, fueron los dichos de Donald Trump. Milei dijo que el presidente de Estados Unidos evaluaba cambiar su postura histórica sobre el apoyo de Washington a Reino Unido por Malvinas.
«La cadena es disparada por el comentario de Trump», afirmó. Añadió que fueron «todos hechos exógenos».
El mandatario también describió a Trump como un «gran negociador». Planteó que Argentina tiene ventajas en alimentos, energía, minerales y capital humano.
Según Milei, esa combinación, junto con el alineamiento con el bloque liderado por Estados Unidos, puede darle al Gobierno capacidad de presión frente a Reino Unido. También mencionó a Scott Bessent y dijo que el funcionario elogió al Gobierno argentino.
Milei además anticipó que Cancillería estaba «terminando los detalles» de un proyecto para sancionar a empresas que hagan actividades petrolíferas en Malvinas sin autorización. Dijo que Quirno informó que ya estaba casi listo para enviarse.
Sobre la emergencia en discapacidad, respondió que el Gobierno cumplirá la ley. Señaló que, si hace falta, se reasignarán partidas.
En paralelo, la oposición en Diputados avanzó con un cronograma para morosidad, endeudamiento y discapacidad.
La lectura política es clara. Milei intenta sacar Malvinas del ruido electoral y llevarlo al tablero geopolítico. El mensaje busca mostrar decisión, pero también ordenar incentivos: presión externa, recursos argentinos y costos para empresas que operen sin permiso.
Para la lógica de libre empresa, el punto central sigue siendo otro. El Estado quiere usar reglas y sanciones para defender soberanía. Si eso se traduce en más previsibilidad jurídica, gana la inversión. Si deriva en más burocracia, el costo lo pagarán empresas y contribuyentes.