COLOMBIA (Pulso) — Confirmado. El aumento del salario mínimo reavivó la presión sobre Colpensiones.
Según un análisis de Andrés Velasco, presidente de Asofondos, las pensiones de Colpensiones requerirían cerca de $40 billones del Presupuesto General de la Nación en 2026. Eso implica unos $5 billones más de lo contemplado inicialmente.
Velasco explicó que el salario mínimo terminó siendo 18% superior a lo previsto en el PGN. Ese cambio elevó el costo de las pensiones.
El presupuesto había calculado $35 billones para financiar las obligaciones pensionales desde Hacienda. Con el ajuste, el aporte estatal subiría a cerca de $40 billones.
Para 2026, el pago de las pensiones del régimen general administrado por Colpensiones estaba presupuestado para alrededor de 1,4 millones de personas. El valor aproximado era de $75 billones.
Esa suma se pensaba cubrir con tres fuentes. $16 billones vendrían de traslados del RAIS a Colpensiones. $24 billones corresponderían a cotizaciones. Y $35 billones saldrían del Presupuesto General de la Nación.
Asofondos estima que el costo terminará cerca de $80 billones. Velasco dijo que una mitad sale de cotizaciones y traslados. La otra mitad proviene de impuestos de los colombianos.
El dirigente también alertó sobre la relación entre cotizantes y pensionados. Dijo que hoy, por cada pensión mínima que paga Colpensiones, se necesitan cerca de 8 personas cotizando por el salario mínimo.
Para 2026, esa relación estaría entre cuatro y cinco cotizantes por cada pensionado. En 15 años habría dos cotizantes por pensionado. En 25 años, uno por pensionado.
Velasco sostuvo que «un sistema así no es sostenible». También planteó avanzar hacia un esquema basado más en el ahorro y en la rentabilidad de ese ahorro.
La ministra Natalia López Fuentes informó al Congreso que el sector enfrenta un déficit presupuestal de $4,84 billones para 2027. Dijo que el 92,3% de ese déficit corresponde a los recursos requeridos para cubrir pensiones.
Para 2027, las necesidades de Colpensiones llegarían a cerca de $96,8 billones. De ese monto, alrededor de $50 billones corresponderían a ingresos propios y $46 billones a transferencias de la Nación.
La cuenta confirma una tendencia incómoda para las finanzas públicas. Cada aumento en el costo pensional termina recayendo sobre el contribuyente y sobre un aparato estatal ya tensionado.
El problema no es solo contable. Es de sostenibilidad. Cuando cada vez menos trabajadores financian más pensiones, el sistema se vuelve más dependiente de impuestos y menos de ahorro real.
Eso obliga a mirar el diseño del modelo pensional. Un esquema que vive de transferencias crecientes erosiona el espacio fiscal y castiga la inversión productiva.
