VENEZUELA (Pulso) — Las principales petroleras estadounidenses no participan en el acuerdo petrolero anunciado a finales de agosto entre EE.UU. y Venezuela.
El plan contempla entregar a EE.UU. el «control mayoritario» de 17 yacimientos. Esos campos representan unos 65.000 millones de barriles.
La cifra equivale al 21,5% de las reservas probadas de petróleo venezolano. También equivale al 141% de las reservas estadounidenses.
Ni ExxonMobil, ni ConocoPhillips, ni otras grandes compañías de hidrocarburos estadounidenses entran en el esquema. Chevron, la única gran petrolera de EE.UU. con presencia en Venezuela, firmó un acuerdo aparte.
Ese acuerdo busca expandir su producción hasta los 600.000 barriles diarios en los próximos cinco años. Para eso invertirá unos US$7.000 millones. Esos fondos procederán de las ganancias que obtiene en ese país.
La explotación de los 17 yacimientos quedará en manos de North American Blue Energy Partners, Nabep. La firma está registrada en Barbados.
Su trayectoria es casi desconocida incluso para expertos petroleros. No se tiene constancia de que opere o haya operado en otros países.
Como parte del acuerdo, EE.UU. tendrá una participación de 35% en Nabep. Además, tendrá derecho preferencial a comprar a precio de coste 20% de su producción petrolera.
Nabep informó en una nota de prensa que espera una inversión de unos US$100.000 millones. Trump había mencionado ese mismo monto tras reunirse en la Casa Blanca con petroleras estadounidenses.
La industria venezolana arrastra una debacle de décadas. Su producción cayó de más de 3 millones de barriles en 1998 a poco más de un millón en la actualidad.
José Toro Hardy dijo a BBC Mundo que el Estado venezolano no puede hacer las inversiones requeridas. Añadió que es indispensable la llegada de inversionistas privados.
Darren Woods, presidente y director ejecutivo de ExxonMobil, dijo en enero que Venezuela es «actualmente inviable para la inversión». Pidió cambios en los marcos comerciales, regulatorios y legales.
La discusión deja una señal clara. Sin reglas estables, ni las grandes petroleras arriesgan capital fresco. Y sin inversión privada, el aparato estatal venezolano no puede reactivar una industria estratégica.
También queda otra conclusión. El petróleo necesita seguridad jurídica, no propaganda política. Cuando el marco legal ahuyenta capital, el costo recae sobre la producción, el empleo y los contribuyentes.
