REINO UNIDO (Pulso) — Confirmado. El Gobierno británico publicó una guía oficial para empresas con actividad económica en las islas.
La publicación salió del Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo, bajo el título «Hacer negocios con las Islas Malvinas». Allí, Londres sostiene que Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las Islas Falkland.
El documento también rechaza que la legislación argentina tenga aplicación en el archipiélago. Además, dice que no existe fundamento legal para que tribunales de países distintos de Argentina ejerzan jurisdicción legítima sobre medidas de Buenos Aires contra compañías vinculadas con actividades en las islas.
La respuesta británica llegó 11 días después de que Milei anunciara una iniciativa legislativa para endurecer sanciones contra compañías que extraigan petróleo en aguas argentinas.
Según la información difundida, el Gobierno nacional inició el 8 de septiembre expedientes contra 60 personas y empresas. También presentó una denuncia penal contra Navitas Petroleum y sus subsidiarias, JHI Associates y Eco Atlantic Oil & Gas.
Las medidas se apoyan en la Ley 26.659, ampliada posteriormente, y en el Decreto 868/2026. El esquema contempla sanciones que pueden incluir la inhabilitación para operar en Argentina durante entre cinco y veinte años.
El conflicto tiene como foco el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. Prevé comenzar la extracción en 2028. También contempla una primera etapa de 170 millones de barriles.
Tras los anuncios de Milei, las tres empresas de servicios petroleros más grandes del mundo confirmaron que no participarán en actividades en las Islas Malvinas. Dicen que buscan resguardar sus intereses comerciales y millonarias inversiones dentro del continente argentino.
Londres rechaza las sanciones y recomienda a las empresas que reciban advertencias legales de autoridades argentinas obtener asesoramiento jurídico independiente.
La señal política es clara. El Gobierno británico protege a las empresas. El Estado argentino responde con más sanciones y expediente. En esta pulseada, el costo recae sobre inversión, seguridad jurídica y propiedad. Cuando la política sustituye reglas previsibles, el capital se retrae y manda la burocracia.
