ECUADOR (Pulso) — Confirmado. Las fuerzas de seguridad de Ecuador frenaron alrededor de USD 46 millones vinculados a la minería ilegal.
Las autoridades difundieron el dato tras los operativos contra grupos criminales. Esos grupos operan en zonas alejadas de los centros urbanos.
Allí instalan campamentos. También usan maquinaria pesada. Extraen oro sin autorización estatal.
En abril, el Ministerio de Defensa informó otro dato. Dijo que durante 2026 ya habían sido desmantelados 714 campamentos y destruidas 231 excavadoras.
La ofensiva apunta al financiamiento de las organizaciones criminales. Las autoridades ecuatorianas sostienen que el oro ilegal les permite obtener recursos y diversificar actividades.
Un informe citado por medios ecuatorianos estimó una afectación de alrededor de USD 2.000 millones para el país. Ese cálculo incluye la extracción clandestina y los daños económicos asociados.
La estrategia también recibe apoyo de Estados Unidos. Marco Rubio anunció que solicitará USD 45 millones en fondos de seguridad. Dentro de ese paquete, se contemplan USD 10 millones para combatir la minería ilegal, el reclutamiento de miembros de bandas y las operaciones financieras ilícitas.
El dato central es claro. Cuando el Estado corta el negocio, reduce caja para las mafias. Eso importa más que cualquier discurso burocrático sobre control territorial.
También importa para el contribuyente y para la libre empresa. La minería ilegal destruye competencia, erosiona el orden y premia a quienes operan fuera de la ley. Recuperar zonas y cerrar esas fuentes de dinero es una tarea básica del Estado.
