COLOMBIA (Pulso) — La decisión de la administración de Donald Trump reavivó las alertas en el frente político y empresarial de Colombia. Washington advirtió sobre el crecimiento de los cultivos ilícitos y dejó abierta la opción de restricciones sobre fondos de cooperación internacional.
Pero la Casa Blanca aplicó la cláusula de «interés nacional de Estados Unidos». Con eso, eximió al país de sanciones financieras inmediatas. La asistencia militar y de seguridad sigue vigente.
En el Congreso, Honorio Henríquez calificó la medida como previsible, pero compleja. Atribuyó el dictamen al incremento sostenido de la superficie sembrada y a la expansión de grupos armados al margen de la ley.
Henríquez también dijo que la sintonía entre la Administración Trump y el gobierno de Abelardo de la Espriella será determinante para redefinir los planes contra el crimen organizado.
Mauricio Toro advirtió que la ratificación pone en riesgo un paquete de cooperación técnica y tecnológica valorado en aproximadamente 380 millones de dólares anuales. También pidió políticas de erradicación que no comprometan la salud rural.
Toro afirmó: «Preocupa la descertificación, eso se veía venir, un país que tiene más de 300.000 hectáreas de coca, que no hay un combate o no había un combate frontal contra las estructuras criminales que han venido creciendo exponencialmente (…) Colombia tiene que seguir incautando cocaína, tiene que seguir dándole al cultivo ilícito, pero con responsabilidad».
María Claudia Lacouture dijo que el pronunciamiento incluye una matización política. Atribuyó el desempeño negativo a las políticas de la administración saliente durante el periodo evaluado.
La decisión pone el foco en un punto incómodo: la protección de la cooperación depende de resultados verificables. Para el contribuyente y para la seguridad regional, el mensaje es claro. Sin reducción real de coca, el costo institucional sube.
También queda en juego el principio de autoridad. Si el Estado no logra frenar el avance de las economías ilegales, la carga termina trasladándose a más burocracia, más gasto y menos soberanía efectiva sobre el territorio.
