CUBA (Pulso) — Cuba registró 1.339 presos políticos al cierre de agosto. Es el número más alto en décadas, según el último informe mensual de Prisoners Defenders.
Solo en el último mes se incorporaron 19 nuevos casos. Se produjeron siete bajas. El aumento neto respecto de julio fue de 12 personas.
Desde julio de 2021, el régimen acumula 2.167 presos políticos. De ese total, 2.020 ingresaron a prisión durante ese período, según el documento.
El informe incluye 155 mujeres encarceladas por motivos políticos. Récord absoluto en las últimas décadas. También aparecen 38 personas detenidas cuando eran menores de edad. Catorce continúan privadas de libertad.
Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, fue directo: «Reclamar agua o electricidad puede llevar a la cárcel». Y agregó: «El castigo se ceba en los hijos y en la familia completa».
El informe documenta casos concretos. Doraikis Delgado González fue detenida el 7 de julio tras transmitir en directo una protesta vecinal en Alamar, La Habana. Los vecinos reclamaban electricidad tras más de un mes de apagones. Padece hemofilia. Las autoridades rechazaron modificar su medida cautelar. Es madre de dos niños de siete y ocho años.
Sady Reynaldo Companioni fue detenida el 28 de agosto por denunciar falta de agua. Su familia recogía agua de lluvia para beber. Cuatro agentes la detuvieron delante de su hija de seis años. Fue liberada el 2 de septiembre, pero debe presentarse diariamente ante la policía, según Prisoners Defenders.
Christian de Jesús Crespo Álvarez tiene 16 años. Fue detenido en protestas de marzo contra los apagones en Morón. En junio contrajo hepatitis en prisión. No fue trasladado a un hospital. Permanece junto a presos adultos considerados peligrosos.
El informe registra además 463 presos con patologías médicas graves y 54 presos de conciencia con trastornos graves de salud mental sin tratamiento adecuado.
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria ya había calificado de arbitraria la privación de libertad de Ángel Serrano Hernández y reclamado su liberación. Según su familia, el 26 de agosto fue esposado y golpeado dentro de la Prisión de Trabajo Forzoso La Lima.
Estos números no son estadística abstracta. Son el precio que paga la sociedad civil cubana por exigir lo más elemental: luz, agua, comida. El aparato estatal castrista responde con celdas, separación familiar y negación de atención médica. Mientras organismos internacionales emiten opiniones, el régimen sigue sumando nombres a la lista. La libertad individual, principio que el castrismo lleva décadas aplastando, sigue siendo la víctima central de esta crisis.
