CUBA (Pulso) — El régimen de Díaz-Canel registró más de 300 acciones represivas durante agosto. Así lo documenta el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH). El promedio: al menos diez por día.
El informe detalla detenciones, citaciones policiales, interrogatorios, amenazas, vigilancia y hostigamiento. Los blancos principales: opositores, activistas y defensores de derechos humanos.
El contexto agrava el cuadro. Según el propio OCDH, el 94% de la población cubana vive en pobreza extrema. Los cortes de electricidad son constantes. Faltan combustible, alimentos y medicamentos.
El inicio del ciclo escolar llegó sin uniformes, sin materiales y sin docentes suficientes. Los apagones dificultan el funcionamiento de las escuelas. El Gobierno reconoció públicamente las dificultades para garantizar condiciones normales en el sistema educativo.
En paralelo, Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra Fidel Ernesto Castro Calis, nieto de Raúl Castro, y contra varias empresas estatales vinculadas a energía, petróleo y minería, según la fuente.
Confirmado. La presión internacional sobre La Habana aumentó en las últimas semanas.
Dos realidades corren al mismo tiempo en Cuba: la crisis económica y la represión política. Ninguna es nueva; ambas se profundizan. Lo que revelan los datos del OCDH es que el aparato estatal no afloja la presión sobre los ciudadanos críticos, incluso cuando no puede garantizar luz, comida ni escuelas. Esa es la lógica de toda dictadura: el control político primero, el bienestar de la población, después —o nunca. Mientras la comunidad internacional debate sanciones, los cubanos pagan el costo doble: escasez y represión.
