ARGENTINA (Pulso) — El expresidente Mauricio Macri cuestionó este miércoles la decisión de la jueza Marta Pascual. Pascual suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.
Macri publicó su rechazo en X. Calificó la medida de «inaceptable». Señaló que la magistrada actuó sobre «presunciones» propias. «Esos elementos que dice tener no fueron presentados», escribió.
La jueza, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal N° 2 de Lomas de Zamora, reconoció la base de su fallo. Citó que «el Poder Judicial no puede esperar a que la violación de derechos se produzca». Macri rechazó ese argumento. Sostuvo que los tribunales solo ejercen control de constitucionalidad en el marco de causas concretas.
Para Macri, la resolución altera «el equilibrio que debe existir entre los poderes del Estado». Advirtió que una norma del Congreso, promulgada por el Poder Ejecutivo, queda sin efecto en la jurisdicción con mayores índices de violencia del país.
El origen del conflicto: el 31 de agosto, Gabriela Salicio, representante de una organización de la Federación de Familia Grande Hogar de Cristo, presentó un habeas corpus preventivo colectivo. Catorce defensores departamentales bonaerenses adhirieron al planteo.
La ley 27.801 fue aprobada el 28 de febrero. Entró en vigencia el sábado pasado. El lunes, el Gobierno reglamentó el nuevo régimen, que rebaja la edad de punibilidad.
La Libertad Avanza en la provincia anunció un pedido de juicio político contra Pascual. Sebastián Pareja, presidente de LLA bonaerense, afirmó que el fallo «atenta contra una ley sancionada por el Congreso» y «profundiza la situación de impunidad».
Pulso Global observa lo evidente: una jueza provincial frenó, con argumentos prospectivos, una ley votada democráticamente y reglamentada por el Ejecutivo nacional. El aparato judicial bonaerense —históricamente ligado al peronismo— vuelve a operar como dique contra reformas de orden y seguridad. El principio en juego es simple: la separación de poderes no admite vetos judiciales basados en hipótesis. Los contribuyentes bonaerenses pagan el costo de esa impunidad.
