COLOMBIA (Pulso) — En la mañana de este jueves 17 de septiembre, Isabel Zuleta comparece ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
La senadora del Pacto Histórico responde en indagatoria, con su abogado, por presuntas irregularidades en un operativo en el que terminó involucrado Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias Pipe Tuluá, en la cárcel La Picota, de Bogotá.
El alto tribunal indaga a Zuleta por su presunta responsabilidad en el delito de abuso de función pública. La Corte busca establecer si se extralimitó en sus funciones y competencias.
La investigación se centra en un operativo realizado el 10 de julio de 2025 en el centro carcelario. En ese procedimiento, las autoridades incautaron un arma de fuego a partir de información entregada por Pipe Tuluá, según el reporte conocido.
Dicha arma, según trascendió, iba a ser usada por Pipe Tuluá para atentar contra Geovany Andrés Rojas, alias Araña, máximo cabecilla de los Comandos de Frontera. Rojas estaba en el pabellón de extraditables de La Picota.
Ese episodio ocurrió en medio del proceso de extradición de Pipe Tuluá a Estados Unidos. Allí era requerido por delitos asociados al narcotráfico y concierto para delinquir agravado. La Corte Suprema avaló la extradición.
La indagación busca determinar si Zuleta solo estuvo en el allanamiento o si lideró el procedimiento. Si se confirma esto último, la Corte podría concluir que usurpó competencias del Gobierno. Las incautaciones de armas eran responsabilidad exclusiva de las autoridades penitenciarias y judiciales.
Zuleta se ha defendido en varias ocasiones. Ha dicho que su participación obedeció a funciones políticas y de verificación en procesos de paz. También afirmó que no tuvo intención de intervenir en el proceso judicial.
El caso importa más allá de una senadora. Define si el poder político puede meterse en funciones que no le corresponden. Cuando el aparato estatal mezcla verificación con mando, el límite institucional se vuelve difuso.
Aquí está en juego una regla básica del orden público. Las competencias existen para proteger al ciudadano y limitar abusos. Si hubo extralimitación, el costo institucional lo paga el Estado, no solo una persona.
