PANAMÁ (Pulso) — Confirmado. El Ministerio de Economía y Finanzas propuso un recorte de $46.4 millones al Órgano Judicial para 2027.
La Corte Suprema de Justicia pidió $398.6 millones. El MEF ajustó la cifra a $352.3 millones. Eso deja un presupuesto muy similar al actual, según la sustentación ante la Comisión de Presupuesto.
La magistrada presidenta, María Cristina Chen Stanziola, dijo que el recorte afecta la capacidad de la institución. Habló de justicia «gratuita, expedita, ininterrumpida, independiente, objetiva e imparcial».
Chen invocó el artículo 214 de la Constitución. Ese artículo fija que los presupuestos del Órgano Judicial y del Ministerio Público no serán inferiores, en conjunto, al 2% de los ingresos corrientes del Gobierno Central.
La secretaria administrativa, Vielsa Ríos, dijo que el presupuesto de 2027 sería apenas $1 millón superior al de 2026. También señaló que la cifra no contempla la inflación.
El ajuste golpea sobre todo las inversiones. La Corte pidió cerca de $24 millones. El MEF recomendó unos $8 millones, 67% menos.
De esos $8 millones, $6.4 millones están ligados a un proyecto de transformación digital financiado con recursos externos del BID. Otros $1.5 millones irían a equipamiento.
La Corte calcula que necesita $13 millones adicionales para nuevos equipos. Además, prevé 590 puestos de trabajo para 50 despachos judiciales. Ese plan costaría $6 millones al año.
También proyecta $6 millones para poner en funcionamiento 20 tribunales. Serían, sobre todo, de Niñez y Adolescencia, de Familia y cuatro de insolvencia.
Chen advirtió impactos en Colón, Santiago de Veraguas, Las Tablas y Volcán. En Colón faltan $1.7 millones para continuar una remodelación de $5.2 millones. En Santiago de Veraguas se eliminaron $3.5 millones. En Las Tablas no se incluyeron $2.5 millones. En Volcán se requieren $500 mil.
El punto de fondo es claro: el dinero de los contribuyentes vuelve a chocar con una burocracia judicial que pide más capacidad operativa. Cuando el presupuesto aprieta, la justicia no solo pierde margen. También se demora la inversión que podría bajar alquileres y modernizar el servicio.
Para el país, el debate no es menor. La prioridad debería ser una justicia ágil y funcional, no un aparato estatal atado a recortes mal calibrados. Menos inversión hoy puede traducirse en más costos mañana para el ciudadano y para las finanzas públicas.