COLOMBIA (Pulso) — María Claudia Tarazona acusó a Gustavo Petro y a Nicolás Maduro de ordenar el asesinato de su esposo, Miguel Uribe Turbay. Lo dijo en entrevista con Noticias RCN.
Tarazona afirmó que el homicidio fue un «crimen de Estado» y que el financiamiento salió de Venezuela. Según su relato, la orden llegó a la Segunda Marquetalia, la disidencia de las FARC señalada en las fuentes como responsable material.
La viuda dijo que la Fiscalía General de la Nación mantiene abierta una línea de investigación sobre el carácter estatal del caso. También aseguró que en abril de 2025 se enviaron alertas sobre atentados planeados contra precandidatos del Centro Democrático.
En sus declaraciones, Tarazona sostuvo que su esposo pidió en más de 25 ocasiones reforzar su esquema de protección ante la Unidad Nacional de Protección, sin respuesta favorable. También responsabilizó al esquema institucional por las fallas de seguridad.
Las fuentes consultadas añaden que Uribe Turbay murió el 11 de agosto de 2025, tras más de dos meses en cuidados intensivos. Tenía 39 años, era senador conservador y encabezaba las encuestas para la presidencial de 2026.
Por ahora, las acusaciones de Tarazona no aparecen respaldadas por evidencia pública en las fuentes. Pero la pregunta de fondo sigue intacta: quién falló para que un aspirante presidencial quedara expuesto en plena campaña.
Si la investigación confirma una red con financiación externa y protección política, el costo recae sobre el Estado y sobre los contribuyentes. No hay libre empresa ni inversión posible donde la violencia sustituye a la ley.
Colombia necesita instituciones que protejan a los candidatos y castiguen a los responsables. Cuando la burocracia de seguridad falla, pierde el ciudadano y gana la impunidad.
