ARGENTINA (Pulso) — Confirmado. El Gobierno de Javier Milei prepara un plan de retiros voluntarios para personal civil de planta permanente.
El programa alcanzará a empleados públicos de la administración nacional centralizada y de organismos desconcentrados. La iniciativa fue elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger.
También intervinieron la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, y las áreas de Modernización del Empleo Público y Reforma Estatal. El nuevo esquema se suma a una política de reducción de la estructura estatal.
Según una estimación del propio Gobierno, entre noviembre de 2023 y agosto de 2026 la dotación total cayó en 74.332 personas. Eso equivale a una baja del 21,6%.
De acuerdo con el Ejecutivo, el recorte generó un ahorro superior a USD 2.500 millones desde el comienzo de la gestión. Entre julio y agosto de 2026, 1.446 personas dejaron de trabajar para el Gobierno nacional. Fue una contracción mensual del 0,5%.
En ese período, la dotación estatal pasó de 343.357 trabajadores en noviembre de 2023 a 269.025 en agosto de 2026. La administración pública nacional pasó de 233.098 a 181.880 empleados. Eso marcó una reducción de 51.218 cargos y 22%.
Las empresas y sociedades del Estado también bajaron de 110.259 a 87.145 trabajadores. Perdieron 23.114 puestos, equivalente a 21%.
La administración centralizada pasó de 55.858 a 37.543 trabajadores. Eso implicó una reducción de 18.315 empleados o 32,8%. La administración descentralizada pasó de 136.763 a 109.988. Allí se concentró la mayor reducción absoluta, con 26.775 trabajadores menos.
Milei defendió esta política en una entrevista con Bloomberg en Nueva York. Dijo que la economía argentina generó 520.000 puestos de trabajo y sumó la salida de 80 mil del sector público.
La lectura es clara. Menos aparato estatal deja más margen para aliviar la carga sobre quienes producen. También obliga a discutir si el gasto público merece seguir ocupando el centro de la economía.
Para esta línea, el punto de fondo es ese. El ajuste del Estado no es una consigna; es una condición para bajar impuestos y devolver espacio a la libre empresa.
