PERÚ (Pulso) — Confirmado. Perú tiene hasta el 11 de diciembre para ratificar el Tratado de Alta Mar, según las sesiones del Senado.
Si no lo hace, el país asistirá a la primera Conferencia de las Partes (COP1), prevista para enero de 2027 en Nueva York, solo como observador. El acuerdo regula la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina fuera de las jurisdicciones nacionales.
El embajador en retiro Nicolás Roncagliolo, exdirector general de Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos, fue directo en la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado. Dijo que el tratado es una cuestión estratégica de interés marítimo y de política exterior. Recomendó al canciller Carlos Espá avanzar con el procedimiento. «Conviene a nuestros intereses nacionales ratificar a la brevedad el tratado BBNJ».
El Ejecutivo aún no presentó el pedido formal ante el Senado. La senadora Ruth Luque, de Ahora Nación, pidió precisar si el Gobierno retomará el proceso. Cuestionó, además, la ausencia del canciller Espá en la sesión.
Luque sostuvo que el acuerdo no afecta la soberanía ni modifica el límite de las 200 millas marítimas, porque abarca solo alta mar. La senadora Patricia Iturregui, de Buen Gobierno, señaló que no existe el decreto supremo que formalice la solicitud de ratificación. El senador Iber Maraví, de Juntos por el Perú, pidió la fecha en que la Cancillería enviará los documentos.
El embajador Librado Orozco Zapata, director general de Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos de la Cancillería, reconoció demoras. Explicó que los cambios de autoridades motivaron nuevas consultas internas. Confirmó que el instrumento aún no fue remitido al Senado y no fijó una fecha.
El proceso comenzó en 2023 y Perú firmó el acuerdo en junio de 2025. Ese paso ya está dado. Lo que falta es el trámite político.
Lectura editorial: la demora no es un detalle administrativo. Un país que se define como potencia marítima queda relegado a observador en las reglas sobre los océanos por falta de decisión a tiempo. Eso significa menos influencia sobre normas que afectarán recursos y actividades económicas, y el contribuyente no sale ganando con esa pasividad. La pregunta que queda abierta es si el Gobierno enviará el decreto antes del plazo o si el Congreso deberá exigirlo con urgencia.



