MÉXICO (Pulso) — Confirmado: la autora Elena Chávez sostiene que su libro «La cara oculta de Sheinbaum» la ha expuesto a una persecución política y judicial. La columna que recoge sus declaraciones fue publicada por El Financiero el 18 de noviembre de 2026.
Chávez dijo que dos demandas civiles por presunto maltrato animal llegaron a su puerta. Ella las califica de delito fabricado. Según la columna, fue sentenciada a pagar 40 mdp y ya interpuso el recurso correspondiente.
Según Chávez, desde octubre de 2022, cuando salió su libro «El rey del cash», vive acoso, amenazas y un linchamiento digital. Afirma que se ha mudado tres veces de casa. La columna también señala que la autora se fue del país.
Chávez afirma además que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la aisló por órdenes de ese mandatario, según su relato. Dijo que, durante su relación con César Yáñez, le advirtieron que «si te atreves, te van a matar». Yáñez, según la columna, era vocero del PRD. Estas afirmaciones son de la autora; el medio no las ha verificado.
La columnista Lourdes Mendoza señala que las acusaciones surgieron cuando Claudia Sheinbaum era jefa de Gobierno y Ernestina Godoy estaba en la fiscalía de la CDMX. Mendoza plantea la pregunta, pero la columna no aporta pruebas que la respondan.
Chávez también sostiene que Sheinbaum y Omar García Harfuch tienen vínculos que la autora considera ocultos. Sobre ese capítulo, la columna cita a una fuente que, según Chávez, es primo de García Harfuch. Ninguna de estas versiones está documentada en la columna.
En cuanto a quién manda en el país, Chávez afirma que es López Obrador. La columna recoge la opinión, pero no la sustenta con hechos verificables.
El texto que recoge estas declaraciones es una columna de opinión. El Financiero aclara que las expresiones son responsabilidad de quien firma. Para este medio, lo documentado es la existencia de las demandas y la sentencia citadas por la autora. Las acusaciones políticas contra funcionarios siguen siendo señalamientos de Chávez.
Desde la línea de Pulso Global, el caso plantea una pregunta de fondo sobre el uso de la justicia y el dinero público. Cuando una sentencia de 40 mdp recae sobre una autora crítica, el contribuyente y el lector deben saber qué tribunales la emitieron y con qué base probatoria. Las acusaciones de manipulación institucional requieren expedientes públicos, no solo testimonio. La libertad de expresión merece defensa, pero también exige que los señalamientos se sostengan en documentos verificables. Este medio dará seguimiento a las resoluciones judiciales del caso.


