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Trillizos colombianos detenidos por el ICE en Alabama: su madre, con cáncer, pide ayuda para recuperarlos y reclama 75.000 dólares para su defensa legal

Nancy Mirella Velásquez, deportada a Colombia tras cinco meses bajo custodia del ICE, necesita dinero para pagar la representación legal de sus hijos mientras enfrenta un cáncer de estómago.
Foto: El Colombiano
miércoles 18 de noviembre de 2026 · 18:58 UTC

Confirmado. Tres jóvenes colombianos permanecen bajo custodia del ICE en Estados Unidos.

Duván, Esteban y Thomas Norvey Manrique Velásquez son trillizos de 19 años. Fueron detenidos el 5 de noviembre en Bessemer, Alabama, cuando iban a su trabajo con un amigo. Según uno de ellos, citado por Univisión, un hombre alto lo tomó del brazo, lo tiró al suelo y luego trasladó a todos a un centro de detención.

La madre, Nancy Mirella Velásquez, recibió su diagnóstico de cáncer dos días después del arresto. Permaneció cinco meses bajo custodia del ICE antes de ser deportada a Colombia. Ella cree que la enfermedad se desarrolló en ese centro de detención. Según relató al medio estadounidense tras una cirugía, el dolor solo se controla con hidromorfona, un compuesto de la morfina.

Según la hermana de los trillizos, Lorena Manrique, la madre estaba muy delgada durante su detención. Tras la deportación, acudió al médico, que le informó que tenía cáncer en el 90 % de su estómago.

Los jóvenes llegaron a la frontera estadounidense en 2023, cuando aún eran menores de edad. Habrían dejado de estudiar para ayudar a pagar el tratamiento de su madre. Uno de ellos se convirtió en padre hace más de 20 días.

La familia necesita unos 75.000 dólares para cubrir la representación y la asistencia legal de los tres detenidos y del amigo. Los hermanos niegan tener antecedentes criminales y aseguran que esperan una resolución sobre su solicitud de asilo político.

El caso se inscribe en un aumento más amplio. Entre enero y julio de 2026, el ICE realizó 7.157 arrestos de ciudadanos colombianos, un 53 % más que los 4.665 del mismo periodo de 2025, según la tabla de arrestos de la propia entidad.

El costo de la defensa legal recae hoy sobre una familia sin ingresos estables, con una madre en tratamiento oncológico y jóvenes que dejaron los estudios. Cuando el gasto en representación legal depende de colectas familiares, el sistema migratorio traslada a los particulares un peso que el contribuyente estadounidense no ve reflejado en la factura pública. Para el lector que defiende la responsabilidad individual y el orden, el caso plantea una pregunta de fondo: cómo se combinan el control de fronteras, el debido proceso y la carga económica que termina sobre las familias.

La cifra de arrestos, un 53 % más en siete meses, muestra que la política migratoria de Washington se endurece. Quien esté a favor de un Estado que haga cumplir la ley verá en ello coherencia. Quien valore la libertad y la propiedad privada verá una familia que pierde ingresos, estudios y patrimonio en la espera de una resolución.

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