COLOMBIA (Pulso) — El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció que remitirá al Gobierno de Estados Unidos un informe sobre el prontuario de Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay. El objetivo es impulsar una solicitud de extradición.
El detalle lo dio Rendón en entrevista con Blu Radio. Uñates fue capturado el 14 de noviembre en zona rural de Briceño, en una operación con tropas de la Cuarta Brigada, la Policía y la Fiscalía. En el procedimiento fueron capturadas cinco personas y recuperada una menor de edad.
El caso de Estados Unidos se apoya en el ataque del 21 de agosto de 2025 en Amalfi, Nordeste antioqueño. Durante una operación de la Policía Antinarcóticos murieron 13 uniformados. Además, un helicóptero Black Hawk, perteneciente al Gobierno estadounidense, resultó destruido por una explosión cuando aterrizó para evacuar a policías heridos.
Las autoridades también señalan a Uñates en el secuestro, tortura y asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, quien había llegado a Briceño para una investigación.
Rendón afirmó que el capturado habría presumido de sus acciones violentas, entre ellas asesinatos y ataques contra la Fuerza Pública. «Este es un criminal de los 19 que nosotros le establecimos al presidente Abelardo como objetivos de alto valor», dijo.
Según inteligencia militar, Uñates tiene 24 años y acumularía cerca de una década de trayectoria criminal. Sus primeros registros lo ubican como explosivista del frente 36 de las disidencias de las Farc. Al momento de su captura era señalado como cabecilla de la subestructura 5, de la facción de alias Calarcá, con conexiones con el Clan del Golfo.
Las autoridades le atribuyen la instalación de explosivos y campos minados, ataques contra policías y militares, homicidios de líderes sociales y acciones contra infraestructura económica. Su zona de influencia incluiría Briceño, Anorí, Campamento, Yarumal, Amalfi, Guadalupe y San Andrés de Cuerquia.
Entre los hechos más graves figura el desplazamiento forzado de más de 2.500 personas de Briceño en octubre de 2025. También se le señalan presuntas extorsiones contra EPM y atentados contra torres de energía en Medellín y Bello.
Para la línea de Pulso Global, el caso va más allá de un expediente criminal. Un cabecilla acusado de matar a 13 policías y de destruir un helicóptero de un Gobierno extranjero pone a prueba la capacidad del Estado colombiano para llevar a sus responsables ante la justicia. Si la extradición avanza, el costo de la seguridad lo seguirá pagando el contribuyente, y el orden público en Antioquia dependerá de sostener la ofensiva contra las estructuras armadas.



