COLOMBIA (Pulso) — Confirmado. El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, respondió a las movilizaciones convocadas para el jueves 19 de noviembre contra la Ley de Rescate Fiscal.
Ordóñez dijo que el Gobierno garantizará la protesta pacífica. «Esperamos que las protestas se desarrollen dentro del marco legal y constitucional», afirmó en rueda de prensa.
Sobre las críticas de Gustavo Petro, el ministro fue directo. «Los números no mienten», dijo. Según él, el balance tributario y fiscal es evidente y el Gobierno debe enfrentar la «hecatombe que heredamos» con instrumentos legales para «salir del hoyo».
Petro convocó las movilizaciones argumentando que el alza de los alimentos, la sequía y las decisiones tributarias erosionan el poder adquisitivo. Calificó las propuestas de «propuestas de hambre, de pobreza en Colombia». No identificó el proyecto ni los artículos que sustentan sus cálculos.
En el Congreso, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, confirmó que el proyecto no incluirá el IVA sobre los productos de la canasta familiar. El Gobierno revisa alternativas de recaudo para compensar ese cambio.
El texto buscará llegar a primer debate entre el 1 y el 2 de diciembre. La legislatura cierra el 16 de diciembre. Ordóñez afirmó que hay conversaciones con las bancadas y que el Partido Liberal muestra disposición para avanzar.
Las concentraciones en Bogotá partirán desde el Parque Nacional, la Universidad Pedagógica, Park Way y la Embajada de Israel, según la Secretaría Distrital de Gobierno.
La lectura de fondo es clara. Para el lector que valora la responsabilidad fiscal, el punto central es que el Gobierno sostiene que el déficit heredado exige ajuste. Un proyecto de rescate que busque compensar la ausencia del IVA sobre alimentos tendrá que demostrar cómo recauda sin trasladar la carga al contribuyente. El dinero de los contribuyentes no puede ser la solución por defecto de un aparato estatal que gasta más de lo que recauda.
El debate también es sobre el marco de la protesta. El derecho a manifestarse es legítimo, pero la discusión de fondo se decidirá en el Congreso, con cifras y votos, no en las plazas.



