COLOMBIA (Pulso) — Confirmado. Un fuerte cruce entre senadoras en el Congreso.
La senadora del Centro Democrático Claudia Margarita Zuleta y la senadora del Pacto Histórico Alejandra Omaña discutieron sobre la situación de seguridad del país.
El uribismo responsabilizó al gobierno de Gustavo Petro de heredar a la administración de Abelardo De La Espriella grupos armados más fuertes, con más hombres y mayor control territorial. Omaña rechazó ese señalamiento.
«¡Cínicos! Hicieron campaña con la guerra y hoy se hacen los indignados», dijo Omaña. Añadió: «Esa guerra tiene nombre y se llama Abelardo De La Espriella». La legisladora recordó que De La Espriella lleva apenas tres meses en el poder.
Zuleta respondió de forma directa. «Claro que estamos indignados y claro que vamos a seguir culpando a Gustavo Petro», afirmó.
Según Zuleta, durante el gobierno de Petro se congelaron procesos contra grupos armados, se levantaron órdenes de captura a criminales y se suspendieron las extradiciones. También señaló que los cultivos ilícitos se triplicaron y que la minería ilegal creció, lo que, a su juicio, financia el crimen.
La congresista también cuestionó la política antidrones. Según ella, los ataques con drones aumentaron en ese periodo y el sistema nacional antidrones prometido, con 6 billones de pesos, nunca se estructuró ni se financió.
Zuleta afirmó además que el número de hombres en armas pasó de 13.000 a más de 27.000. Calificó la estrategia como «el armatroste de la paz total».
La fuente consultada no recoge una respuesta de Petro ni del gobierno De La Espriella a estos señalamientos.
Lectura editorial de la casa: el debate pone sobre la mesa un costo que recae en el contribuyente: miles de millones de pesos en un escudo antidrones que no llegó a las estaciones de Policía y Ejército. Para el lector que defiende el orden y la inversión, el dato central es que la seguridad tiene una factura fiscal y que el gasto prometido no se tradujo en protección.
El choque también muestra el peso del mérito de gestión en la discusión pública. Quien hereda un problema debe demostrar resultados, y quien lo deja debe responder por lo que prometió y no cumplió. La seguridad es la condición básica de la libertad económica, y cualquier gobierno que la descuide erosiona la propiedad privada y la confianza para invertir.



