ARGENTINA (Pulso) — Confirmado. La Justicia de Argentina ordenó este miércoles frenar el proyecto Sea Lion en las islas Malvinas.
La medida cautelar fue dictada por la jueza federal Mariel Borruto, de Río Grande, en Tierra del Fuego. Fuentes de los demandantes consultadas por EFE confirmaron la decisión.
La orden alcanza a la petrolera israelí Navitas y a la británica Rockhopper. Les prohíbe iniciar, continuar o ejecutar obras para poner en marcha la explotación petrolera.
También veta perforar el lecho o subsuelo marino. Además, bloquea la instalación de infraestructura para extracción y transporte de crudo.
La denuncia fue presentada el primero de septiembre por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el Cecim de La Plata. El escrito plantea dos frentes. Uno ambiental. Otro de soberanía.
La magistrada pidió a las empresas información sobre el estado del proyecto, un cronograma actualizado y la nómina de contratistas. También reclamó datos sobre financieras, aseguradoras y estudios ambientales.
Sea Lion es un proyecto offshore. Prevé comenzar a extraer crudo en 2028. Se ubica en la cuenca petrolera Malvinas norte, a unos 220 kilómetros de las islas.
Para Argentina, esa zona está dentro de su plataforma continental. El país también sostiene su reclamo histórico de soberanía sobre el archipiélago y las aguas vecinas.
Navitas respondió que opera con licencias «válidas, otorgadas legalmente por el Gobierno de las islas Malvinas». Además, dijo que no prevé un efecto significativo en el desarrollo de Sea Lion.
El Reino Unido también fijó posición. En una guía publicada este martes, dijo que Argentina no posee jurisdicción para aplicar su legislación interna en el archipiélago.
La señal para el mercado es clara. Sin seguridad jurídica, cada pozo entra en territorio de litigio, permisos y demora.
Y cuando el Estado pone freno, la cuenta no solo la pagan las petroleras. También la asumen la inversión, el empleo potencial y el contribuyente que sostiene la maquinaria judicial y regulatoria.
