BOLIVIA (Pulso) — Confirmado. El Parlamento de Bolivia instaló este miércoles la sesión para decidir si extiende por otros 90 días el estado de excepción decretado por el Gobierno de Rodrigo Paz.
La Asamblea Legislativa Plurinacional inició el debate a las 16:30, tras la lectura de las normas que regulan la medida. Luego expusieron los ministros Marco Antonio Oviedo, de Gobierno, y Ernesto Justiniano, de Defensa.
Oviedo dijo que la prórroga busca «cuidar la vida de los ciudadanos», proteger la economía y garantizar los derechos a la «educación, comercio, trabajo y libre tránsito». Justiniano afirmó que la conflictividad «disminuyó considerablemente, pero no desapareció».
El ministro de Defensa precisó que las autoridades registraron 72 eventos de conflictividad durante los primeros dos meses. También ubicó los focos de riesgo en Santa Cruz, La Paz, El Alto y Cochabamba.
Entre mayo y junio, la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana promovieron bloqueos de rutas durante siete semanas. Las protestas, apoyadas por sectores afines a Evo Morales, exigían la renuncia de Paz.
Los cortes provocaron faltantes de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades. El conflicto dejó al menos 16 fallecidos. Trece murieron por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos. Además, causó pérdidas superiores a USD 3.000 millones.
La OEA pidió la semana pasada al Gobierno y a los sectores sociales priorizar el diálogo, evitar los bloqueos y reforzar la convivencia democrática. Mario Argollo cuestionó la prórroga y dijo que no habría justificativo legal para ampliarla.
Cientos de docentes marcharon el martes contra la ampliación y contra el acuerdo por USD 1.900 millones con el FMI. Anahí Bozo dijo que las medidas económicas de Paz han afectado a las familias y rechazó el decreto de extensión.
La discusión va más allá de una prórroga. Aquí se enfrenta el orden público con la presión callejera. El Gobierno intenta preservar la circulación y la actividad económica. Los sindicatos, en cambio, denuncian que el estado de excepción se volvió una herramienta política.
Para el contribuyente y para la economía real, la señal importa. Sin libre tránsito no hay comercio normal, ni trabajo, ni abastecimiento. Pero también queda claro que la salida durable no es más decreto, sino capacidad de negociación y reglas que reduzcan la conflictividad.
