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Investigan en Canadá si una abuela recibió eutanasia sin consentimiento válido

La Policía de Belleville confirmó una investigación sobre la muerte de Brigitte Stegemann, de 83 años. La familia pide revisar evaluaciones, formularios y registros del sistema MAiD.
Imagen generada con IA
lunes 21 de septiembre de 2026 · 17:29 UTC

Brigitte Stegemann, conocida como «GG» por su familia, murió el 10 de julio de 2026 en The Pearl, en Cannifton, Ontario.

La mujer padecía cáncer de estómago en estadio IV. Según sus familiares, había rechazado antes la asistencia médica para morir, MAiD, porque chocaba con su fe cristiana.

Su nieta, Brigitte Kranendonk, dijo que fue su principal cuidadora por más de 12 años. También afirmó contar con un poder de representación para cuestiones personales.

La familia cuestiona la evaluación de capacidad previa al procedimiento. Sostiene que Stegemann tuvo dificultades para responder preguntas básicas sobre sus familiares. Aun así, habría sido considerada capaz de consentir la MAiD.

Kranendonk contó que le avisó a su abuela que el viernes sería sometida al procedimiento. Según su testimonio, Stegemann lloró, repitió que había cometido un error y preguntó si «la iban a matar».

Los familiares también objetan lo ocurrido el 10 de julio. Dicen que hubo dificultades al colocar la vía intravenosa y que hubo un sangrado importante. Además, sostienen que Stegemann no realizó una confirmación verbal final de su consentimiento.

La Policía de Belleville confirmó en septiembre que investiga la muerte de Stegemann. La familia también pidió a la Oficina del Médico Forense Jefe de Ontario que revise las circunstancias bajo el sistema MAiD.

Por ahora, no existe una determinación oficial de ilegalidad. La investigación deberá establecer qué documentación existía, qué evaluaciones se hicieron y si se cumplieron todos los requisitos legales.

El caso vuelve a poner bajo la lupa el sistema canadiense de asistencia médica para morir. Cuando el Estado interviene en decisiones tan irreversibles, el estándar de consentimiento debería ser absoluto. Sin eso, la burocracia sanitaria deja de proteger a los vulnerables y empieza a exponerlos.

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