GUATEMALA (Pulso) — Confirmado. La Corte Suprema de Justicia de Guatemala presentó al Congreso la iniciativa de Ley de Mediación 6850.
La propuesta fue entregada por Claudia Lucrecia Paredes Castañeda, presidenta del Organismo Judicial y de la Corte Suprema. La acompañó René Guillermo Girón Palacios, vocal III. También estuvo Mayra Alejandra Carrillo, secretaria ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia.
La iniciativa busca regular la mediación en ámbitos público y privado. El objetivo es evitar que los conflictos lleguen necesariamente a los tribunales. La Corte reportó 123,846 mediaciones entre 2019 y 2025.
El proyecto define la mediación como un método alternativo de resolución de conflictos. Un tercero neutral facilita el diálogo. No impone una solución. La ley alcanzaría asuntos familiares, civiles, laborales, mercantiles, penales, agrarios y ambientales, entre otros.
Girón Palacios dijo que los trece magistrados trabajaron juntos en la propuesta. Pidió a los diputados examinarla, comunicarla y socializarla con la ciudadanía antes de una eventual aprobación.
La iniciativa crea un Registro Nacional de Mediadores bajo la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos del Organismo Judicial. Ese registro llevaría estadísticas, recibiría denuncias y podría imponer sanciones. Las medidas irían de multas de 50 quetzales a inhabilitación temporal por seis meses.
La mediación pública y la del Organismo Judicial sería gratuita, según el artículo 46. En el ámbito privado, los honorarios se fijarían por arancel si no hay acuerdo.
La lectura de fondo es clara. Menos litigios significa menos presión sobre el aparato judicial y más espacio para acuerdos voluntarios. Si funciona, beneficia al ciudadano que quiere resolver sin más costo ni demora.
También pone el foco en la seguridad jurídica. El proyecto habla de homologación judicial y de certeza para los acuerdos. En un sistema saturado, la mediación puede ser una herramienta útil cuando respeta la libertad de las partes y no se convierte en otra capa burocrática.
