ESPAÑA (Pulso) — Confirmado: Vox presentó un paquete de propuestas para endurecer la política migratoria y los requisitos de nacionalidad en España.
El punto más polémico es la revisión de más de 300.000 ciudadanías concedidas en la última década a personas de origen marroquí. Según Santiago Abascal, la formación considera que varias podrían ser fraudulentas. El argumento: España y Marruecos no tienen convenio de doble nacionalidad, y los marroquíes que obtienen la española no pierden necesariamente la de origen. Abascal sostiene que esa situación es una irregularidad que debe investigarse.
La formación también quiere derogar la Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos. Esta norma permitió a descendientes de emigrantes y exiliados españoles solicitar la ciudadanía. Hasta agosto de 2026, alrededor de 600.000 personas la habían obtenido. Cerca de dos millones de solicitudes siguen pendientes.
Vox cuestiona que la ley se aplicara sin exigir, en algunos casos, pruebas suficientes de persecución durante la dictadura franquista. Abascal también denunció que el mecanismo podría alterar el censo electoral.
En requisitos, el programa propone endurecer la nacionalidad, que hoy exige como regla general diez años de residencia legal.
En prestaciones, la propuesta central es la «prioridad nacional». Vox quiere reservar ayudas y programas de vivienda para españoles. Plantea limitar el Ingreso Mínimo Vital a españoles, pese a que alrededor del 17% de sus beneficiarios son extranjeros. También propone restringir la atención sanitaria a inmigrantes irregulares a emergencias vitales y dificultar su acceso al alquiler.
La medida más llamativa es un impuesto a las remesas que los inmigrantes envían a sus países de origen. La referencia es el gravamen del 1% que aplica la administración de Donald Trump en Estados Unidos a determinadas transferencias internacionales. Vox sostiene que el dinero generado en España debe contribuir prioritariamente a la economía y a los servicios del país.
Lectura de la casa: la propuesta pone el foco en el coste de las prestaciones y en la responsabilidad de quien las financia. El principio en juego es la igualdad ante la ley dentro de un Estado que reparte recursos públicos; la prioridad nacional redefine quién tiene derecho a ellos. Para el contribuyente, el debate es cuánto gasto público se destina a quien accede a la ciudadanía y quién paga el sistema.
El planteamiento coloca la inmigración, la nacionalidad y el acceso a prestaciones entre los ejes de la campaña electoral española. Actualizaremos con la respuesta de los demás partidos.


