BRASIL (Pulso) — Confirmado. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, de 71 años, está internado en la unidad de cuidados intensivos del hospital DF Star, en Brasilia.
El diagnóstico, según el parte médico, es un «abdomen agudo obstructivo». El hospital indica que está «estable clínicamente, consciente, orientado y en respiración espontánea». No hay previsión de alta.
El tratamiento incluye hidratación, ayuno oral con soporte nutricional y una sonda gástrica. Según su médico, Brasil Caiado, la sonda permitió extraer casi un litro de residuos alimentarios durante la madrugada del sábado.
Una tomografía del viernes detectó una obstrucción «casi total» del intestino delgado, aunque parcial, con adherencias en la pared abdominal. El equipo evaluará la evolución durante 24 horas antes de decidir si hace falta operar.
Los síntomas comenzaron el viernes por la mañana. Su hijo, el senador electo Carlos Bolsonaro, escribió en X: «No soy médico, pero jamás lo vi así». Añadió que, si los exámenes son negativos, llegará «creo yo, la décima cirugía en menos de ocho años».
El juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes autorizó visitas diarias de sus hijos Carlos, Jair Renan y Laura, y de su hijastra Letícia. No se permitirá el ingreso de teléfonos celulares, cámaras ni otros dispositivos.
Bolsonaro sufre secuelas de una puñalada recibida en 2018 durante la campaña presidencial en Juiz de Fora, Minas Gerais. Desde entonces ha sido operado varias veces.
El contexto judicial: fue condenado a 27 años de prisión por intentar mantenerse en el poder tras su derrota frente a Luiz Inácio Lula da Silva en 2022. Pasó a prisión domiciliaria en marzo por problemas de salud. La Corte Suprema fijó para el período del 4 al 15 de diciembre la votación sobre la constitucionalidad de una ley que reduce las penas de Bolsonaro y de otros condenados por la trama golpista.
La lectura de fondo: el caso vuelve a poner sobre la mesa el peso de los procesos judiciales y los costos de la atención médica en un expediente que sigue abierto. Para el contribuyente, cada internación de un condenado con custodia estatal implica gasto público y operativos de seguridad. Para el debate sobre estado de derecho, la pregunta es si las medidas humanitarias y las reducciones de pena se aplican con reglas claras y previsibles, y no al ritmo de la negociación política.
Actualizaremos con el resultado de los exámenes y la decisión sobre una eventual cirugía.



