MÉXICO (Pulso) — Confirmado. Fausto Isidro Meza Flores, alias «Chapo Isidro», fue detenido la noche del viernes 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa. Once personas murieron.
Según la Secretaría de la Defensa Nacional, la operación dejó siete muertos del lado de los narcos y cuatro militares. No se reportaron civiles muertos. Ocho detenidos, incluido el «Chapo Isidro».
El FBI lo tenía entre los diez fugitivos más buscados. Estados Unidos ofrecía cinco millones de dólares por información que llevara a su arresto. La acusación: tráfico de al menos una tonelada de metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana, además de portación de armas.
El gobierno mexicano reconoció que inteligencia de Washington ayudó a la captura. Dio pocos detalles sobre la coordinación.
La noche fue de caos. Según un bombero de Guasave, miles de personas se refugiaron en comercios, escuelas y gimnasios. Hubo al menos diez bloqueos con vehículos incendiados. Helicópteros sobrevolaron la ciudad. Un tiroteo interrumpió un partido de béisbol.
Sobre el retroceso de la captura: según documentos de inteligencia de la Sedena citados por El Financiero, el «Chapo Isidro» fue detenido cuatro veces antes, en sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y en todas recuperó la libertad sin condena. Su captura de ahora no se produjo tras una década de persecución sin resultados, sino que llegó después de más de una década prófugo.
Sobre las muertes de militares, el presidente del Senado, Higinio Martínez, de Morena, las calificó como «daños colaterales» del combate al crimen. Pidió que no se repitan, aunque dijo que pueden darse.
El Consulado de Estados Unidos en Hermosillo emitió una alerta y recordó que Sinaloa permanece en Nivel 4: No viajar. Según el gobierno estatal, el retiro de vehículos incendiados avanza en un 90 por ciento.
Lectura de la casa: el saldo es el mismo que deja cada operativo contra el crimen organizado sin reglas claras de respuesta. Once muertos, empresas quemadas y familias encerradas en supermercados son el precio que paga la población local por un arresto cuyo historial muestra cuatro liberaciones previas. Cuando el Estado detiene a un capo y lo deja libre, el contribuyente paga dos veces: en el operativo y en la impunidad posterior.
También importa qué se pone en juego. Un aparato de seguridad que depende de inteligencia extranjera y que deja el costo de la guerra en la calle exige rendición de cuentas. El orden que se pide no puede justificar que los civiles sean los que pierden la libertad de moverse y de trabajar.



