PERÚ (Pulso) — Confirmado. Un sismo de magnitud 6.7 sacudió este viernes la región de Junín, en el centro de Perú. El movimiento también se percibió en Lima, y varios vecinos salieron a las calles.
Hasta el momento, las autoridades no reportan víctimas ni daños materiales. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el sismo alcanzó intensidad V en la escala de Mercalli en zonas cercanas al epicentro.
El temblor ocurrió a las 19:09 horas locales, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El IGP ubicó el epicentro a 30 kilómetros al noroeste de la localidad de Junín, con una profundidad de 127 kilómetros. El USGS lo situó en los Andes, a nueve kilómetros al noreste del distrito de Carhuamayo, con una profundidad de 108 kilómetros. El organismo estadounidense había estimado inicialmente una magnitud de 6.9, y luego la ajustó a 6.7.
En desarrollo. El alcalde de Carhuamayo, Abdel Vega, dijo a la televisión pública que no hubo interrupciones en los servicios básicos. Señaló, eso sí, que el internet presenta fallas en zonas alejadas de su jurisdicción.
El IGP descartó que el movimiento represente amenaza de tsunami. Hernando Tavera, jefe del instituto, afirmó que el sismo sacudió buena parte de la región central del país y que la profundidad influyó en que no fuera más intenso.
Perú está en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Según registros del IGP, entre enero y mediados de noviembre se contabilizaron alrededor de 790 movimientos telúricos en el país. En agosto, un sismo de magnitud 6.7 en los Andes peruanos dejó dos heridos y daños en viviendas, centros de salud y escuelas. En julio, un temblor de magnitud 5.5 en Junín dejó seis muertos y 30 heridos.
El antecedente más grave es el de agosto de 2007, cuando un sismo de magnitud 7.9 sacudió Ica y dejó cerca de 500 muertos.
Para el lector, el dato clave es el costo de la preparación. Junín es una zona altoandina donde casi no se registran sismos de gran magnitud, y el funcionario local Vicente Ortiz reconoció que en los simulacros no siempre se toma en cuenta un riesgo que nunca se ha materializado. Esa brecha entre planificación y realidad es la que el contribuyente termina pagando, en reconstrucción o en gasto de emergencia, cuando el Estado llega tarde. La libertad de los municipios para financiar su propia prevención y la responsabilidad de cada gobierno local frente a sus riesgos siguen siendo el debate de fondo.



