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Jornada de 40 horas: México recorta dos horas por año desde 2027, sin tocar el salario, y el costo llega a las empresas

La reforma al Artículo 123 Constitucional fija una reducción escalonada hasta 2030, con registro electrónico obligatorio y tope de 56 horas semanales con horas extra.
Foto: El Universal
domingo 22 de noviembre de 2026 · 22:40 UTC

Confirmado. La reforma al Artículo 123 Constitucional fue publicada en el Diario Oficial de la Federación durante 2026. Desde el 1 de enero de 2027 entra en vigor el primer recorte.

El calendario es escalonado: 46 horas semanales en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y 40 en 2030. Cada ajuste es de dos horas por año.

Según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el salario base no cambia. Tampoco cambian las prestaciones: jornada máxima diaria de ocho horas, prima dominical, pago en días festivos, tiempo de comida, vacaciones y al menos un día de descanso semanal.

Las horas extra siguen siendo voluntarias. Empiezan a contarse a partir de la hora 41 una vez completada la transición. El tope es de 12 horas extra pagadas al doble y cuatro al triple, lo que da un límite absoluto de 56 horas semanales. Los menores de edad no pueden laborar tiempo extraordinario.

La reforma también obliga a un registro electrónico de entradas y salidas. Según la STPS, ese control permite verificar en tiempo real la duración efectiva de las jornadas.

La Organización Internacional del Trabajo, citada por la fuente, sostiene que el ajuste favorece la salud cardiovascular, reduce la fatiga y disminuye los accidentes.

Para quien considere que su empresa incumple, existen canales gratuitos. El Sistema de Quejas y Accidentes Laborales (SIQAL) está en siqal.stps.gob.mx. La línea 079 de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo ofrece asesoría jurídica sin costo.

Lectura de fondo: la medida se presenta como una conquista laboral, pero su costo no desaparece. Un recorte de jornada sin merma salarial significa, en la práctica, pagar el mismo salario por menos horas trabajadas. Eso encarece la hora de trabajo para las empresas, sobre todo en manufactura, comercio y servicios, sectores que la propia reforma menciona como los más afectados. El contribuyente y el consumidor suelen terminar pagando esa diferencia, vía precios o menos contrataciones. Además, el registro electrónico obligatorio amplía la presencia del aparato estatal dentro de cada centro de trabajo, con más vigilancia y más trámites. Para el lector que valora la libertad contractual, el punto central es que el acuerdo entre empleador y empleado queda más acotado por la ley, aunque se abra la puerta a esquemas flexibles.

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