COLOMBIA (Pulso) — Confirmado. El Ministerio de Salud reportó que 631.833 personas recibieron medicamentos o procedimientos médicos pendientes durante el Plan de Choque.
El balance oficial indica que se dispensaron 16.132.415 unidades de fármacos. Esa cifra equivale al 55,27 % de los tratamientos represados en farmacias y centros asistenciales.
El dato fue difundido por la cuenta del ministerio en X. Según la cartera, la entrega se hizo tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado.
La ministra Ana María Vesga encabeza la estrategia. Su objetivo es eliminar las demoras en dispensación y agilizar autorizaciones de cirugías, consultas especializadas y exámenes diagnósticos acumulados en las EPS.
El corte del balance es al 17 de noviembre. Un medio cita la cifra de 612.822 personas puestas al día con la misma fecha de corte. La diferencia entre ambas cifras no está aclarada en las fuentes.
En paralelo, el Ministerio de Educación y el Fomag activaron desde el 1 de noviembre un plan de transición tras no renovar el contrato fiduciario. El fondo enfrenta un déficit proyectado de $2,7 billones. Se trasladaron $859.000 millones desde pensiones hacia salud, con lo que los recursos disponibles llegan a cerca de $4,6 billones. Según el reporte, esto beneficia a más de 330.000 profesores y sus beneficiarios.
El Gobierno también abrió una auditoría forense sobre el manejo financiero del fondo. Busca esclarecer el origen del déficit y determinar eventuales responsabilidades administrativas o penales de la gestión anterior. Esa acusación proviene del propio Gobierno, no de un tercero verificado.
En otro frente, tras el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto de 2026, el Ejecutivo destinó $369.131 millones al Ffie para dotaciones escolares y recuperación de colegios afectados.
El ministerio dice que mantendrá el seguimiento sobre farmacias y prestadores hasta completar el porcentaje restante.
Lectura editorial: el balance muestra avance, pero casi la mitad de los tratamientos sigue sin entregar. Cada peso que se mueve de pensiones a salud, o que se gasta en reparar colegios, sale del bolsillo del contribuyente. El principio en juego es si el Estado cumple con eficiencia lo que las EPS no cumplieron. Los pacientes necesitan resultados, no solo comunicados.



