MÉXICO (Pulso) — Confirmado: comprar una casa en México es cada vez más difícil. Según el Cuadernillo de impuestos para hacer ciudad, elaborado por la Alianza por la Justicia Fiscal, los precios de la vivienda se han triplicado. Los salarios, en cambio, siguen estancados.
El déficit habitacional se estima en 8.2 millones de viviendas, según la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) lo ubica en más de ocho millones. Además, 10.3 millones de personas tienen carencias por calidad y espacios de su vivienda.
El problema no es solo la falta de inmuebles. Entre 2020 y abril de 2026 se construyeron 888 mil 503 viviendas. Solo 0.41% fue clasificada como económica, con precio de 420 mil pesos o menos. Con la vivienda popular B2 incluida, la producción llega a 10.2% del total.
El estudio cuestiona el papel del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Según el documento, la institución dejó de construir para concentrarse en administrar créditos. Esto afectó la calidad de las construcciones y dejó fuera a la mitad de la población sin empleo formal.
La renta se volvió la salida obligada. En 2020, 27.5% de los hogares vivía en una vivienda alquilada o prestada. Los gastos por alquiler sumaron 23 mil millones de pesos mensuales, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024. Solo 54% de los 5.8 millones de hogares que rentaban tenía contrato vigente.
Los ingresos por alquiler también están concentrados. Según el estudio, 53% se ubica en el 10% de los hogares de mayores ingresos. En la Ciudad de México, el 10% de los hogares de menores ingresos puede destinar hasta 60% de sus recursos a la renta.
La carga pesa más sobre jóvenes y mujeres. En 2018, en la Ciudad de México, 79% de los hogares encabezados por mujeres de 30 años o menos pagaba renta, frente a 65% de los hombres de esa edad.
La ubicación completa el cuadro. Según el documento, desde 1990 las políticas públicas empujaron a las personas de menores ingresos hacia las periferias, con menos empleo, salud y educación. Para el lector, la lectura es clara: el costo de la vivienda y la intervención estatal recaen en el bolsillo del contribuyente y del inquilino, mientras el mercado libre queda fuera del diagnóstico. Cuando el Estado administra créditos en lugar de facilitar la oferta, la vivienda se encarece y el trabajador paga la cuenta.



