COLOMBIA (Pulso) — Confirmado. El Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria requirió información sobre Wadith Manzur.
La solicitud fue enviada, a través del Congreso de la República, a la Corte Suprema de Justicia, al propio Congreso y al Consejo de Estado. El objetivo es que expliquen por qué no se ha permitido la posesión del senador electo.
Manzur obtuvo más de 134.000 votos en las elecciones al Congreso. Tres días después, la Corte Suprema ordenó su captura por su presunta participación en el escándalo por el saqueo a la UNGRD.
Según el abogado Víctor Mosquera, Manzur fue privado preventivamente de la libertad. También dijo que, estando bajo custodia del Estado, le negaron alternativas para jurar y posesionarse.
Mosquera agregó que el senador electo enfrenta una demanda de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado. Esa acción podría despojarlo de su mandato y de sus derechos políticos.
La defensa sostiene que en Colombia rige la presunción de inocencia. También afirma que Manzur no ha sido vencido en juicio.
En paralelo, las entidades colombianas deberán responder por qué no se le entregó la credencial de senador. La defensa insiste en que no existe una condena vigente.
De fondo, el caso pone a prueba el respeto por el debido proceso y por el voto ciudadano. Cuando el Estado bloquea una curul sin sentencia, la representación política queda en tensión.
También queda expuesto el costo institucional de un sistema que tarda en resolver sus choques internos. La certeza jurídica importa. Sin reglas claras, pierden los electores y pierde la confianza pública.
