ESTADOS UNIDOS (Pulso) — La Administración de Donald Trump pidió este jueves a la Corte Suprema de Estados Unidos que le permita reanudar de inmediato las deportaciones aceleradas de inmigrantes a terceros países.
La solicitud llegó después de que un tribunal de apelaciones ratificó la obligación de notificar antes a los afectados y darles una oportunidad real de argumentar que corren peligro de persecución o tortura en el destino.
El procurador general D. John Sauer presentó el recurso ante el Supremo. Sauer sostuvo que el Gobierno ha podido expulsar a miles de extranjeros a terceros países en los últimos meses.
La Casa Blanca afirma que el fallo judicial ya tuvo efectos operativos. Citó la cancelación de un vuelo que llevaba a setenta personas con antecedentes penales a tres países.
Según el escrito gubernamental, esa cancelación obligó a una «nueva ronda de compromiso diplomático» con cada uno de esos países.
El litigio se remonta a mayo de 2025. Entonces, funcionarios de inmigración embarcaron a ocho personas con condenas por delitos graves en Estados Unidos rumbo a Sudán del Sur.
El juez Brian Murphy determinó que esa operación violó una orden previa. Esa orden exigía dar a los migrantes la posibilidad de alegar temor a sufrir tortura antes de ser enviados a otro país.
La Corte Suprema ya había intervenido en junio de 2025 y autorizó temporalmente la reanudación de los vuelos. La disputa siguió en instancias inferiores hasta el nuevo bloqueo.
James Percival, asesor jurídico general del Departamento de Seguridad Nacional, afirmó en X que 25.000 personas en situación irregular han sido deportadas a terceros países. La cifra no ha sido confirmada por fuentes independientes.
La discusión vuelve a poner sobre la mesa una pregunta clave: cuánto margen tiene el Ejecutivo para defender la frontera sin chocar con garantías procesales básicas.
Para la agenda de Trump, la respuesta importa por una razón central. Sin decisiones rápidas, el Estado termina atrapado entre burocracia, litigios y costos operativos.
Para sus críticos, el foco está en el debido proceso. Para la Casa Blanca, el foco está en seguridad pública y control migratorio. La Corte Suprema deberá inclinar la balanza.
