ESTADOS UNIDOS (Pulso) — El gobierno de Donald Trump pidió este martes a una corte de apelaciones cerrar el caso de presunto desacato por la expulsión de migrantes venezolanos a El Salvador en 2025.
La administración republicana sostiene que el juez James Boasberg se extralimitó. El litigio comenzó en marzo del año pasado, cuando el DHS ejecutó la expulsión forzosa hacia el CECOT, pese a una orden de suspensión inmediata.
Boasberg dijo en abril de 2025 que había indicios razonables de incumplimiento deliberado. Entonces abrió una investigación para identificar a los responsables. El Departamento de Justicia apeló la medida en diciembre.
Durante la vista de este martes, Brett Shumate alegó que el magistrado invadió competencias exclusivas del Ejecutivo. Según dijo, si había sospechas de desacato, el juez debía remitir el asunto al Departamento de Justicia.
Los magistrados del tribunal de apelaciones sugirieron que el Ejecutivo podría estar usando a Noem como «chivo expiatorio». También plantearon que luego podría invocar el privilegio ejecutivo para blindar el caso.
La ACLU, que representa a los venezolanos deportados, pidió mantener las pesquisas. Lee Gelernt advirtió que archivar la investigación enviaría un mensaje peligroso. Dijo que el Ejecutivo podría desobedecer resoluciones judiciales, ejecutar deportaciones «atroces» y luego bloquear cualquier indagatoria.
El caso pone en juego algo más que una disputa procesal. También mide hasta dónde puede llegar el aparato estatal cuando choca con una orden judicial. Si la investigación se archiva, el costo institucional lo pagan el estado de derecho y la separación de poderes.
Para la Casa Blanca, cerrar el caso sería una victoria de poder discrecional. Para los venezolanos deportados, significaría menos margen para esclarecer quién ordenó el desacato. En un sistema libre, la autoridad ejecutiva no debería quedar por encima de los jueces.
