ESTADOS UNIDOS (Pulso) — Confirmado. The New York Times publicó una investigación sobre el oro venezolano y su llegada a Estados Unidos.
El gobierno del presidente Donald Trump está llevando oro de Venezuela a Estados Unidos, pero las refinerías no lo procesan. La razón, según NYT, son las dudas sobre supuestas conexiones de empresas venezolanas con prácticas corruptas.
La investigación abarca desde minas del sur de Venezuela hasta la Casa Blanca y casas comerciales de Europa. Fuentes anónimas citadas por el diario afirman que Trump conectó a Estados Unidos con una industria que «todavía está plagada por la misma criminalidad que él decía estar combatiendo al arrestar a Maduro».
El reportaje también sostiene que financieros estadounidenses invierten en una mina vinculada a miembros del crimen organizado. Además, señala que aviones transportaron oro fuera de Venezuela incluso antes de que empresas visitaran las minas.
Pese a que ya hay partidas de oro venezolano en Estados Unidos, los envíos permanecen intactos en almacenes, dice NYT. El valor de esos cargamentos se ubica en cientos de millones de dólares.
El obstáculo para procesarlo pasa por las normas internacionales. Las refinerías tendrían que garantizar que el oro no haya financiado bandas criminales, destrucción ambiental ni corrupción.
Trump ya había incluido el oro venezolano en una «lista negra» en marzo de 2019, durante su primer mandato. Lo hizo debido a sus conexiones con la destrucción del medio ambiente y prácticas corruptas.
En marzo de este año, dos meses después de la captura de Maduro, funcionarios del gobierno de Estados Unidos negociaron con Minerven un acuerdo multimillonario. Buscaba vender en mercados estadounidenses hasta una tonelada de oro, valorada actualmente en unos 165 millones de dólares.
El acuerdo requería que Minerven suministrara entre 650 y 1.000 kilos de barras de oro Dore a Trafigura. Esa firma se encargaría de llevar el metal a refinerías estadounidenses.
La lectura para Washington es clara. El Estado puede mover cargamentos, pero no borra el origen dudoso del metal. Cuando la cadena arranca con sospechas, la libre empresa impone su freno.
También queda expuesto el costo de operar con un sector que sigue bajo sospecha. El mercado exige trazabilidad. Sin eso, el negocio se detiene y la credibilidad paga la factura.