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Senado chileno compromete fondos para resguardar navegación y comercio en el estrecho de Magallanes

La declaración cruzó a Argentina y abrió la puerta a más gasto en capacidades estratégicas. Los senadores vincularon soberanía, seguridad y libertad de navegación con el Presupuesto 2027.
Imagen generada con IA
martes 22 de septiembre de 2026 · 08:42 UTC

El Senado chileno respaldó una declaración sobre el estrecho de Magallanes y comprometió fondos para su resguardo.

La iniciativa fue encabezada por Paulina Núñez y firmada por Rodolfo Carter, Gastón Saavedra, Karim Bianchi y Ximena Órdenes. El texto recordó los tratados de 1881 y 1984, y afirmó que Chile mantiene soberanía exclusiva sobre el estrecho.

La declaración también planteó que el Presupuesto Nacional 2027 debe considerar el mantenimiento, la renovación y el fortalecimiento de capacidades estratégicas. El objetivo, según el documento, es asegurar vigilancia y resguardo de espacios soberanos.

Los senadores además subrayaron la seguridad y la libertad de navegación. Mencionaron el comercio marítimo internacional, la actividad de operadores privados y el derecho de los habitantes de Punta Arenas y Magallanes a comerciar libremente.

En paralelo, la Cámara de Diputados acordó por unanimidad redactar una nota dirigida al Congreso de la Nación Argentina. El mandato lo recibió Jorge Alessandri, junto a la mesa del Senado, para expresar rechazo a declaraciones de parlamentarios trasandinos.

También quedó en la agenda el decreto presidencial argentino N° 457, dictado en 2021 durante la administración de Alberto Fernández. Según la fuente, Javier Milei dijo que ese decreto era un error y que lo corregiría, pero hasta ahora eso no ha ocurrido.

En desarrollo, el caso vuelve a mostrar algo básico: la soberanía no se sostiene con discursos. Se sostiene con capacidades, reglas claras y dinero bien asignado.

Y ahí aparece el punto incómodo para cualquier gobierno. Proteger la navegación, el comercio y la conectividad exige aparato estatal real. Si el compromiso avanza, el costo lo asumirán los contribuyentes. Si no avanza, la señal política quedará vacía.

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