COLOMBIA (Pulso) — La exsenadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, salió a responder a los señalamientos en su contra. Lo hizo en un comunicado divulgado este lunes, 28 de septiembre.
Pizarro dijo que no tiene «nada que ver» con las actuaciones de Iván Name. También rechazó que se le vincule con hechos en los que, aseguró, no tuvo participación ni conocimiento.
La reacción llegó tras el fallo del Consejo de Estado, que decretó la muerte política de Name. En esa decisión, el nombre de Pizarro aparece 85 veces.
Según el fallo, Name habría cedido el poder a Pizarro «a sabiendas de las consecuencias de su conducta apartada de los fines constitucionales». El Consejo de Estado además lo sancionó por favorecer reformas tras recibir prebendas, según el mismo documento.
Pizarro recordó que fue elegida primera vicepresidenta del Senado el 20 de julio de 2023. Señaló que, conforme al artículo 45 de la Ley 5 de 1992, los vicepresidentes sustituyen al presidente en caso de ausencia o imposibilidad.
Dijo que eso fue lo que hizo en numerosas sesiones del Senado, incluido el trámite de la reforma pensional. Afirmó que su desempeño en la Mesa Directiva fue «institucional» y que está documentado en actas y registros audiovisuales y oficiales.
La excongresista insistió en que cualquier discusión sobre su conducta debe basarse en esas pruebas. También pidió celeridad, transparencia y justicia para que los hechos se esclarezcan.
Name permanece detenido en la cárcel La Picota, en Bogotá, y responde por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
El caso deja una señal incómoda para el Congreso. Cuando las reformas avanzan entre dilaciones, quórum frágil y respaldos cruzados, el costo político termina salpicando a todo el trámite.
Para el contribuyente y para la institucionalidad, lo esencial es otro punto. El Senado necesita reglas claras, responsabilidades nítidas y cero zonas grises. Sin eso, la burocracia legislativa se vuelve terreno fértil para sospechas y captura política.
