COLOMBIA (Pulso) — Un memorial llegó a la Corte Constitucional este 29 de septiembre. Lo radicó Simón Molina Gómez, primer vicepresidente de la Cámara de Representantes.
La petición busca que la Corte revise si los hechos establecidos por el Consejo de Estado sobre Iván Name Vásquez pueden tener relevancia constitucional en la Ley 2381 de 2024. El foco está en las sesiones del Senado donde se discutió y aprobó la reforma pensional.
La controversia se cruza con un trámite aún pendiente en la Cámara de Representantes. La Corte, en la Sentencia C-264 de 2026, declaró exequible la mayor parte de la ley. Pero ordenó devolver nueve artículos o apartes y una proposición para un artículo nuevo.
La misma sentencia dio un plazo máximo de 30 días hábiles para la subsanación. También fijó el 1.º de abril de 2027 como fecha de entrada en vigencia de las disposiciones declaradas exequibles.
En paralelo, el 25 de septiembre de 2026, el Consejo de Estado decretó en primera instancia la pérdida de investidura de Name. La decisión fue por la causal de tráfico de influencias debidamente comprobado.
Esa providencia examinó la actuación de Name como presidente del Senado durante 2023-2024. También revisó su relación con el trámite de reformas impulsadas por el Gobierno, entre ellas la pensional.
Según la providencia, en 14 de 16 sesiones plenarias Name no dirigió integralmente la plenaria o cedió la conducción. El tribunal también relacionó esa conducta con un acuerdo que, según las pruebas, habría involucrado la entrega de $3.000 millones.
Molina pidió que la Corte incorpore esa decisión judicial sobreviniente al análisis. Sostiene que el punto no es repetir la responsabilidad individual de Name. Busca que el tribunal determine si esos hechos afectaron la formación de la voluntad legislativa.
La pregunta de fondo es seria: si el trámite quedó viciado, la carga la paga el sistema entero. Y eso significa más incertidumbre para la ley, más trabajo para la Corte y más ruido para el Congreso.
También queda expuesto un problema de fondo para el contribuyente y para la seguridad jurídica. Cuando el aparato legislativo entra en duda, la confianza institucional se erosiona. Y sin reglas limpias, no hay reforma sólida ni Estado de derecho que aguante.
