VENEZUELA (Pulso) — Confirmado. La propuesta del gobierno venezolano abrió un nuevo choque con organizaciones de prensa y derechos humanos.
Delcy Rodríguez pidió al Parlamento una reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Dijo que busca avanzar en la despenalización de conductas previstas en la ley. También habló de transformar el sistema de justicia penal y favorecer el reencuentro democrático.
Las organizaciones no aceptan ese alcance. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa insistió en que la norma debe derogarse por completo. En X advirtió que la ley no solo penaliza la expresión. También permite revocar concesiones de radio y televisión, bloquear portales, imponer multas y ordenar el retiro de contenidos.
El gremio sostuvo que eliminar las penas de prisión sería un avance importante. Pero dijo que no basta si siguen vigentes otras disposiciones. Para el SNTP, la revisión debe desmontar tanto la penalización de la expresión como los mecanismos de censura.
El Colegio Nacional de Periodistas también pidió derogar la normativa. Espacio Público reclamó su «derogación inmediata» y afirmó que la ley se usa para criminalizar el pensamiento crítico, sancionar la contraloría de la gestión pública y restringir el ecosistema informativo.
Provea, por medio de Óscar Murillo, pidió una «urgente derogatoria del marco jurídico» que, según esa ONG, ha permitido criminalizar derechos ciudadanos. Murillo también pidió «cambios genuinos y creíbles».
La ley fue aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente. La norma estableció penas de hasta 20 años de cárcel para los llamados «delitos de odio».
En febrero pasado, Jorge Rodríguez admitió el uso inadecuado de la normativa y planteó cambios. Ahora el debate queda en si el gobierno tocará solo las penas o también los mecanismos de sanción y control.
Para el poder, una reforma parcial puede servir de alivio político. Para la prensa y las ONG, el problema sigue intacto: el aparato estatal conserva herramientas para castigar la disidencia y presionar la libre expresión.
