ARGENTINA (Pulso) — Confirmado. El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional.
La iniciativa nace por las tensiones con el Reino Unido por Malvinas. Crea el Consejo de Seguridad Nacional. También ordena que las Fuerzas Armadas estén preparadas para «operaciones militares convencionales y no convencionales».
Sectores castrenses hablan de un diagnóstico «correcto y seductor». Pero lo ven acompañado de herramientas y recursos insuficientes. El presupuesto 2027 para Defensa sube 20%. La inflación anual estimada por la propia administración libertaria y consultores privados llega al 30%.
Fuentes militares dicen que el presupuesto militar decrece en términos reales. También señalan que sigue la crisis de la obra social de las Fuerzas Armadas. Esa deuda llega a $160.000 millones. Además, persiste la promesa incumplida de equiparar salarios con las fuerzas de seguridad.
Un oficial en actividad dijo que el proyecto llega en «un contexto de marcado desinterés y fuerte preocupación». Otro militar sostuvo que muchos suboficiales y oficiales subalternos miran antes la inscripción de la Policía local que otra cosa.
En el debate interno, hubo reparos sobre el alcance de la ley. Juan Martín Paleo advirtió que el proyecto no da medios ni presupuesto para defender las fronteras. También dijo que crea «un aparato burocrático centralizado en la Casa Rosada».
Paleo añadió que el texto posterga la presencia argentina en el Atlántico Sur. Otros uniformados aceptan discutir qué defensa necesita el país. Pero dudan de que funcione la coordinación entre Defensa, Relaciones Exteriores, Economía e Inteligencia.
La discusión de fondo es clara. Una cosa es ampliar el concepto de amenazas. Otra muy distinta es ampliar las misiones sin fondos, sin orden y sin resultados verificables.
El Estado vuelve a prometer más funciones para su aparato militar. Pero, según las fuentes consultadas, no resuelve el problema central: presupuesto real, salarios competitivos y capacidad efectiva. Sin eso, la ley corre el riesgo de sumar burocracia y abrir más debates que soluciones.
