BRASIL (Pulso) — Confirmado. Lula defendió en San Pablo la prohibición de las apuestas deportivas y los juegos en línea.
El presidente habló en un acto de campaña en São Miguel Paulista. Allí dijo que tomó una «actitud drástica» por el endeudamiento de personas pobres. También afirmó que el juego se volvió una «desgracia» para esa población.
La medida provisoria prohíbe la explotación, oferta, intermediación y publicidad de las bets. También alcanza a las apuestas de cuota fija y a los juegos en línea, en ámbitos físicos y virtuales.
Desde la publicación de la medida, las plataformas no pueden recibir nuevos depósitos. Los usuarios tienen plazo hasta las 23.59 del 5 de octubre para retirar sus fondos. A partir del 6 de octubre, los sitios y aplicaciones salen de funcionamiento.
El gobierno brasileño había concedido 85 autorizaciones para la explotación de apuestas de cuota fija. Cada empresa pagó R$ 30 millones por su permiso. En conjunto, las operadoras desembolsaron R$ 2.550 millones.
La extinción de las autorizaciones responde a razones de interés público. Además, no genera derecho a indemnizaciones por ganancias no percibidas, inversiones realizadas ni expectativas de continuidad.
Las empresas tienen hasta el 5 de octubre para retirar publicidad y materiales de patrocinio. La prohibición alcanza a patrocinadoras de clubes de fútbol y redes de televisión.
Flávio Bolsonaro cuestionó el anuncio y lo llamó «estafa electoral». Según el senador, el gobierno reglamentó el mercado, otorgó licencias y recaudó cerca de R$ 20.000 millones en impuestos.
La medida provisoria requiere aprobación del Congreso en 120 días. Si no avanza, las apuestas podrían volver. El costo político y regulatorio ya quedó sobre la mesa.
La discusión muestra un punto central: el Estado brasileño primero habilitó un negocio, lo gravó y ahora lo apaga por decreto. Para el contribuyente y para la seguridad jurídica, el vaivén pesa más que el discurso.
También queda otro mensaje. Cuando el aparato estatal cambia las reglas así, la factura la pagan empresas, trabajadores y usuarios. El libre mercado necesita reglas estables, no volantazos de campaña.
