SUDÁFRICA (Pulso) — Confirmado. La Ley de Expropiación de Sudáfrica enfrenta un desafío judicial formal. El proceso arrancó el 3 de agosto ante el Tribunal Superior del Cabo Occidental.
El Parlamento aprobó la ley en marzo de 2024. El presidente Cyril Ramaphosa la promulgó en enero de 2025. Reemplazó una legislación de 1975 que exigía compensar a los propietarios al valor de mercado.
El punto central del litigio: la norma permite ciertas expropiaciones sin compensación equivalente al valor de mercado. El gobierno insiste en que no autoriza confiscaciones arbitrarias. Los opositores advierten que la amplitud del concepto «interés público» deja a los propietarios vulnerables.
La Alianza Democrática (DA) se sumó al desafío judicial. Jan de Villiers, portavoz nacional del partido, argumentó ante el tribunal que los derechos de propiedad son esenciales para atraer inversiones y crear empleos. Ashor Sarupen, presidente del consejo federal de la DA, señaló que el proyecto fue impulsado apresuradamente en la primavera de 2024, antes de que el ANC perdiera su mayoría legislativa en junio de ese año.
Bonginkosi Madikizela, portavoz de infraestructura de la DA, apuntó además posibles irregularidades en el proceso legislativo.
La disputa tiene eco internacional. Donald Trump suspendió nueva ayuda estadounidense a Sudáfrica mediante orden ejecutiva en febrero de 2025 y aplicó elevados aranceles comerciales al país. En mayo de 2025, Trump confrontó públicamente a Ramaphosa en la Casa Blanca. Ese mismo año, decenas de sudafricanos blancos fueron admitidos en Estados Unidos bajo un programa de refugiados impulsado por la administración Trump.
El caso podría tardar semanas o meses en resolverse.
Para Pulso Global, el litigio expone una tensión irresuelta: cuando el Estado amplía sus facultades sobre la propiedad privada bajo el argumento redistributivo, la inseguridad jurídica ahuyenta la inversión y destruye empleo. La DA lo dice con claridad ante el tribunal. El mercado ya lo descuenta. Una sentencia que frene la ley sería una señal de que el estado de derecho aún puede contener al aparato estatal, incluso en Sudáfrica.
