COLOMBIA (Pulso) — Una sede regional del ICBF en Bogotá fue vandalizada. El hecho ocurrió durante una protesta por la polémica de la palabra «niñas».
La directora del ICBF, Carolina Restrepo, respondió en X. Habló de niños y adolescentes presentes, no de las paredes pintadas.
Restrepo comparó el caso con el reclutamiento de menores por grupos armados. Dijo que Colombia aprendió a no culpar al niño, sino a mirar a los adultos detrás.
«Aquí no hay cultivos de coca ni rutas del narcotráfico. Aquí hay contratos, operadores, presupuesto, poder territorial, dinero», escribió.
La funcionaria recordó cifras clave del ICBF: 33 regionales, presencia en más de mil municipios, presupuesto cercano a los 12 billones de pesos. Ese dinero se traduce en contratos, operadores, alimentación e infraestructura.
«Pretender que no existen [intereses] sería de una ingenuidad monumental», afirmó. Prometió investigar: «Si hay contratos, seguiremos los contratos. Si hay intereses económicos, seguiremos el dinero».
Restrepo cerró con una advertencia directa: «¿Anoche creyeron que miraríamos las paredes? No. Vamos a seguir mirando. La plata de la niñez es para la niñez».
Lectura editorial
El episodio expone un problema que trasciende una pared pintada. Doce billones de pesos en manos de una entidad estatal son un imán para operadores, contratistas y agendas políticas ajenas a la protección infantil.
Que la propia directora reconozca la magnitud de esos intereses y prometa «seguir el dinero» es un test de institucionalidad. La niñez no debería ser moneda de cambio de nadie, y menos de quienes buscan capturar presupuesto público bajo el disfraz de una causa noble. El país hará bien en exigir que esa promesa de trazabilidad se cumpla, contrato por contrato.
