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Jueza en Estados Unidos habilita embargos por US$390 millones y agrava la presión sobre Argentina

Titan Consortium podrá pedir embargos desde el lunes 28 de septiembre en Estados Unidos. El reclamo por la expropiación de Aerolíneas Argentinas suma intereses y eleva el costo para el Estado.
Imagen generada con IA
domingo 27 de septiembre de 2026 · 23:23 UTC

Confirmado. La jueza federal de Estados Unidos Jia Cobb autorizó a Titan Consortium a iniciar el proceso para buscar y embargar activos argentinos en ese país.

El objetivo es cobrar una deuda que ya asciende a US$390 millones más intereses. Según Sebastián Maril, la magistrada entendió que la Argentina no hizo intento alguno de cumplir la orden judicial en los últimos 21 meses.

Titan podrá presentar pedidos de embargo en Estados Unidos a partir del lunes 28 de septiembre. Maril dijo que el caso figura por ahora en Nueva York y Washington.

También advirtió que los activos más indicados serían los aviones de Aerolíneas. Aclaró, además, que no todos los aviones son propios de la empresa.

El reclamo nació por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral en 2008, cuando estaban bajo control de Marsans. Después pasó por distintos fondos hasta llegar a Titan Consortium.

En 2017, el Ciadi ordenó a la Argentina pagar más de US$320 millones, más casi US$3,5 millones en honorarios legales. En 2019, el tribunal rechazó el pedido argentino de anulación y sumó más de US$1 millón en costos y gastos.

La Corte de Apelaciones de Columbia rechazó en julio una nueva apelación argentina. También confirmó que el plazo de prescripción aplicable es de 12 años, no de tres.

Ahora Titan podrá avanzar un paso más y buscar activos soberanos argentinos en distintos estados de Estados Unidos.

El Gobierno incluyó en el artículo 49 del proyecto de Presupuesto 2027 una partida global de 1100 millones de dólares. Esa suma está destinada al pago de sentencias y laudos de tribunales extranjeros.

La señal es clara: cada fallo adverso amplía la factura para el contribuyente. Cuando el Estado acumula litigios y demora definiciones, la cuenta termina en la caja pública.

También queda expuesta la fragilidad jurídica de la Argentina frente a tribunales externos. Sin cumplimiento ordenado y sin previsión realista, el margen de maniobra se achica y el costo sube.

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