URUGUAY (Pulso) — Confirmado. La Cámara de Industrias del Uruguay llevó al Parlamento su rechazo a abrir el mercado a un segundo importador de ciertos productos.
El planteo apareció durante la discusión del proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida que impulsa la administración de Yamandú Orsi. La CIU dijo que la propuesta va en la dirección correcta, pero sin grandes expectativas sobre su efecto real.
Ruben Donnángelo, vicepresidente de la cámara, sostuvo que «el sistema político no ha mirado a la industria». También afirmó que en veinte años ningún partido presentó o ayudó un proyecto de desarrollo de la industria nacional.
La entidad advirtió sobre un impacto en inversión y empleo. En un documento entregado en el Parlamento, señaló que la importación simplificada atraerá productos de países con costos más bajos, regulaciones menos costosas y estándares laborales y ambientales más laxos.
La CIU también alertó que el trámite podría convertir al mercado uruguayo en destino para excedentes de Brasil, Argentina o Asia. Según su análisis, esos bienes ingresarían por debajo de su costo real de producción y desplazarían a los productos locales.
La cámara añadió que, tras primeros contactos con empresas industriales, algunas evalúan acelerar cierres de operaciones o líneas de producción si la norma se aprueba.
Sebastián Pérez, director del Departamento de Estudios Económicos de la CIU, dijo que el proyecto «atiende cuestiones micro» y no toca lo que realmente mueve la competitividad.
Ahí quedó el punto de fondo. La industria reclama alivio en energía, relaciones laborales y logística. Esos son los costos que pesan sobre la libre empresa y el empleo formal.
Si el gobierno quiere proteger al consumidor sin dañar la producción, deberá mirar el aparato estatal completo. Un mercado más abierto sirve poco si la estructura de costos sigue asfixiando a quienes invierten y producen en Uruguay.