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Incendio de Almería expone planes de emergencia sin activar en casi ningún municipio andaluz

Ecologistas señalan que prácticamente ningún ayuntamiento en Andalucía tiene operativo el plan local contra incendios forestales. La tragedia de Los Gallardos revela años de burocracia inerte.
Imagen ilustrativa
martes 14 de julio de 2026 · 14:08 UTC

El incendio de Los Gallardos (Almería) dejó al descubierto una falla sistémica. Los planes de emergencia contra incendios existen sobre el papel. No están activados.

Juan Clavero, portavoz de Ecologistas en Acción en Andalucía, lo confirmó a EFE. «Prácticamente ningún municipio tiene en marcha el plan local de emergencia contra incendios forestales», declaró. Esos planes son obligatorios.

En Los Gallardos había un plan. Estaba archivado. Según Clavero, «no estaba puesto en marcha». La gente no sabía qué hacer. No había vías de evacuación señalizadas. «Nadie les dijo por dónde salir», resumió.

El sistema de alerta Es-Alert tampoco funcionó como debía. Según Clavero, en Andalucía «ese sistema no está preparado para discriminar entre un pueblo y otro». Las alertas no llegaron a quienes vivían fuera del núcleo urbano.

Clavero apuntó otro factor: «Una absoluta irresponsabilidad en permitir miles de viviendas ilegales en el campo, fundamentalmente en la época de la burbuja inmobiliaria». Muchas de esas viviendas están en pistas forestales sin planos oficiales.

Desde Greenpeace, la ingeniera forestal Mónica Parrilla de Diego reclamó «más cultura forestal, más cultura del riesgo y una sociedad preparada». La organización pide al Gobierno central un Pacto de Estado frente a incendios y emergencia climática, junto con una estrategia integral de prevención.

Las organizaciones coinciden: la responsabilidad es compartida entre administraciones, propietarios y ciudadanía. Y los ayuntamientos deben inventariar maquinaria disponible entre vecinos para ponerla a disposición del Plan Infoca.

El cuadro es claro. Las administraciones andaluzas llevan años con obligaciones incumplidas. Las diputaciones provinciales elaboran los planes. La Junta los apoya en municipios menores de 20.000 habitantes. Los ayuntamientos deben ejecutarlos. Nadie lo hizo. El resultado: vecinos que huyeron sin saber hacia dónde. El aparato burocrático produjo documentos; no produjo simulacros ni señales. Cuando llegó el fuego, los papeles no salvaron a nadie.

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